IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 17 de junio de 2016, personas desconocidas arrojaron excremento en la entrada principal del diario El Nacional y escribieron un grafiti con la frase “Chama Pueblo Rebelde”. Miguel Henrique Otero, presidente editor del impreso, rechazó el ataque y responsabilizó al gobierno nacional.
En declaraciones para el diario El Nacional, su presidente editor, Miguel Henrique Otero, condenó el ataque que a su juicio evidencia un gobierno que se encuentra en su última etapa. “Este tipo de actos son propios de un gobierno que ha desarrollado una catástrofe en el país (…) En medio de la desesperación hacen ese tipo de cosas (…) Eso del excremento que arrojaron parece una proyección de lo que tienen en la cabeza”, dijo.
Otero aseguró que el diario con línea crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro continuará informando sin censura.
El ataque contra el diario El Nacional forma parte de los ocho que IPYS Venezuela registra entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2016, luego de que fuesen atacadas las sedes de los medios: La Voz, diario del estado Miranda; Valera Noticias, portal digital del estado Trujillo; Venezolana de Televisión (VTV), en Caracas; Televisora Regional del Táchira (TRT) y el diario La Nación, del estado Táchira; Correo del Caroní, del estado Bolívar, y el diario El Aragüeño, del estado Aragua.
Este hecho representa un ataque contra la sede de un medio de comunicación con fines intimidatorios.
El derecho a la libre expresión e información se encuentra consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se establecen que todas las personas tienen derecho a la información libre, plural y sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
IPYS Venezuela hará seguimiento.
