IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
-
Entre enero y marzo de 2017 Ipys Venezuela registró 15 robos y hurtos contra empresas de medios de comunicación y periodistas y 40 agresiones físicas contra trabajadores de la prensa.
El pasado martes 4 de abril el estudiante del décimo semestre de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Salvador Benasayag, fue despojado de sus pertenencias luego de cubrir la marcha oficialista que se desarrollaba en el centro de Caracas, desde la Esquina de San Francisco hasta la Defensoría del Pueblo, en apoyo al gobierno nacional.
El estudiante explicó que se encontraba en el sitio desde primeras horas de la mañana cubriendo por iniciativa propia la actividad que inició a las 10:00 de la mañana.
En varias ocasiones funcionarios de seguridad le preguntaron qué hacía en el lugar y para qué medio trabajaba. Cuando Benasayag decidió retirarse fue interceptado por motorizados quienes le pidieron entregar sus equipos de grabación y comunicación.
“Fui por cuenta propia. Soy un reportero independiente, transmito por mis redes sociales. No era la primera vez que asistía a una concentración oficialista. Todo había transcurrido con normalidad, nunca sobrepase los límites, nunca hice algo que llamara la atención, intente estar en todo momento bajo perfil para evitar represalias. Sí me percate que varias personas de seguridad, quienes estaban detrás de la tarima, me veían y me tomaron un par de fotos. Incluso unos me preguntaban qué hacía y si era periodista. Alrededor de las 3 de la tarde decidí irme del sitio. Me alejé y le pedí a un motorizado que me llevara hasta una estación de metro que estuviera abierta. Cuando íbamos por la esquina de la Basílica de Santa Teresa, llegaron dos motos de alto cilindraje con dos ciudadanos en cada motocicleta. En ningún momento sacaron un arma solo me dijeron “dame la cámara y los celulares”, relató Benasayag.
Al estudiante de comunicación social lo despojaron de su cámara fotográfica, dos celulares y sus documentos personales. Al motorizado que le prestaba servicio de taxi también le quitaron el celular. Explicó que en ningún momento los amenazaron ni forcejearon y él no se resistió. Entregó lo demandado y luego los motorizados se retiraron.
Ese mismo día la oposición realizó una manifestación que tenía como objetivo llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en rechazo a las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despoja al parlamento de sus competencias y delimita la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, desde tempranas horas se reportó la toma de vías y el bloqueo de calles y accesos al municipio Libertador por parte de funcionarios de seguridad. El transporte público terrestre trabajó de forma parcial y el Metro de Caracas también anunció el cierre de sus servicios en 12 estaciones.
Antes estas limitaciones de hecho al derecho a manifestar y la represión y contención de los funcionarios policiales y militares contra la manifestación a la altura de la avenida Libertador, los organizadores cambiaron la ruta hacía la Autopista Francisco Fajardo. Durante la cobertura de esta actividad cinco reporteros y trabajadores de la prensa denunciaron limitaciones a la cobertura, intimidación y agresiones cometidas por cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos.
La actuación de grupos parapoliciales para restringir e intimidar el derecho de periodistas y ciudadanos a buscar y difundir información debe ser investigada por las autoridades. La impunidad y ausencia de garantías para el ejercicio pleno de las libertades democráticas incrementa los riesgos para periodistas e infociudadanos.
Entre enero y marzo de 2017 Ipys Venezuela registró 15 robos y hurtos contra empresas de medios de comunicación y periodistas y 40 agresiones físicas contra trabajadores de la prensa.
La mayoría de estos ataques ocurrieron en el marco de protestas ciudadanas o coberturas de calle y las principales víctimas fueron reporteros y reporteros gráficos.
En la última semana Ipys Venezuela ha registrado un incremento en el número de estas violaciones en el contexto de las manifestaciones ciudadanas contra la actuación del TSJ y la convocatoria a elecciones.
Desde el pasado 28 de marzo 18 trabajadores de la prensa han sido víctima de limitaciones e intimidación durante la cobertura periodística de los hechos derivados de la anulación de las competencias al Poder Legislativo. Tres de estos periodistas han sido detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
Estas actuaciones son contrarias al marco internacional de garantías y protección a los derechos humanos y una violación a los artículos 57 y 58 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ciudadano tiene el derecho constitucional y humano a informar libremente, sin peligro a represalias físicas o judiciales.
