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Diosdado Cabello acusó a El Pitazo de financiar el terrorismo en Venezuela

  • Las acusaciones del exdiputado y dirigente del partido de gobierno contra El Pitazo han escalado hasta el punto de comprometer la integridad y seguridad de los trabajadores del medio digital

El exdiputado cuestionó la procedencia de los contribuyentes y afirmó que el dinero obtenido será utilizado para financiar a supuestos terroristas

Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), acusó al portal web El Pitazo de financiar el terrorismo en Venezuela a través de una campaña de recaudación de fondos denominada “El Potazo de El Pitazo”.

Durante la emisión °161 del programa Con el mazo dando, del 14 de junio de 2017, el exdiputado Diosdado Cabello vinculó la campaña de recaudación que mantiene el portal informativo independiente El Pitazo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición de partidos de oposición. Cuestionó la procedencia de los contribuyentes y afirmó que el dinero obtenido será utilizado para financiar a supuestos terroristas referidos en imágenes a través del portal web Indiegogo.com.

“Es muy extraño, pero tienen como objetivo recolectar 200 mil dólares antes del 27 de julio de 2017, precisamente antes del día de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente… Les toca operación Tun Tun”, aseveró Cabello sin prueba alguna que validaran sus afirmaciones.

“Operación Tun Tun” fue el nombre que Cabello otorgó a las acciones de persecución, allanamiento  y detención perpetradas por funcionarios de inteligencia y policiales contra los disidentes al gobierno nacional, luego de ser señalados como supuestos terroristas que participan en el financiamiento de campañas desestabilizadoras en Venezuela.  

Cabello también criminalizó y denominó como “Alianza Rebelde” la asociación comercial que El Pitazo mantiene con Tal Cual y Runrun.es para la venta de publicidad y el costo de recursos operativos de estos tres medios de comunicación social.

El Pitazo rechazó las acusaciones del diputado Cabello

El Consejo Editorial de El Pitazo desmintió las declaraciones de Diosdado Cabello. Mediante un comunicado el medio indicó que la campaña de recaudación El Potazo de El Pitazo, comenzó el 22 de mayo de 2017 con la intención de obtener recursos que les permitan cubrir servicios operativos en moneda extranjera durante un año. Esto, debido al control de cambio existente en el país desde el año 2003.

Entre los servicios precisados en el comunicado se mencionan no solo servicios por el uso de “servidores, dominio web, programas contra hackeos y dispositivos portátiles de Internet para las regiones, entre otros”, sino también los gastos operacionales de su red de corresponsales, conformada por 42 periodistas en todo el país.

Desmintieron que se pretenda recaudar 200 mil dólares, cuando en realidad la recaudación es por 20 mil dólares para el gasto anual de los servicios operacionales mencionados. Asimismo, negaron mantener alguna vinculación con la coalición de partidos de oposición, MUD.

Con relación a la alianza que el portal digital mantiene con Runrun.es, Tal Cual y Crónica Uno, afirmaron que la iniciativa surgió no solo para sortear gastos operativos, sino también para cubrir los hechos que se suceden en cada rincón de Venezuela, y así superar lo que calificaron como “la hegemonía comunicacional del Gobierno”.

Violaciones reiteradas en protestas contra El Pitazo

En 83 de protestas ciudadanas, 16 periodistas del portal web informativo El Pitazo han sido agredidos, señalados y amenazados durante la cobertura de manifestaciones en varios estados del país. Cabe destacar que los reporteros Armando Altuve y Rayner Peña fueron víctimas de una campaña de desinformación al ser señalados como presuntos infiltrados del chavismo, a través de redes sociales, con el fin de desprestigiar la labor informativa del portal y promover posibles acciones contra la integridad física de los reporteros en cobertura de calle.

Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en un uso abusivo del poder estatal vinculado a declaraciones agraviantes por parte de un diputado a la AN.

 

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