IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Aunque las leyes que sancionan las informaciones que vulneran el honor y la reputación de los funcionarios públicos, atentan contra la libertad de expresión; Cabello solicita una indemnización penal y el pago de los gastos procesales.
El 5 de mayo de 2016, el diputado Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), presentó una acción legal por difamación contra el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), luego que fuese señalado como sospechoso en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero, junto con otros altos funcionarios del Estado venezolano, en una publicación del 18 de mayo de 2015.
El documento que se desprende de la demanda refiere una acción legal interpuesta por Diosdado Cabello Rondón, presidente de la AN entre el 5 de enero de 2012 y el 6 de enero de 2016, en contra de The Wall Street Journal (WSJ), diario distintivo de Dow Jones & Company, Inc., por la publicación del texto periodístico Oficiales venezolanos son sospechosos de convertir el país en un eje de tráfico de cocaína.
En la demanda se afirma que el artículo publicado contiene “información falsa y alegatos difamatorios según los cuales el demandante estaría involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero”.
El texto bajo la firma de José De Córdoba y Juan Forero informa sobre investigaciones de la Fiscalía estadounidense a Diosdado Cabello, para ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, y altos funcionarios y desertores del ejército venezolano, como líderes de organizaciones, que utilizan a Venezuela como plataforma para enviar cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica (EE UU) y Europa.
Aseguran que una unidad de investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y la Fiscalía Federal de Nueva York y Miami prepara los casos, y hasta el momento no se conoce de alguna investigación en contra de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Para argumentar a favor de la acción legal, se justifica el alcance del artículo publicado en la prensa y las redes sociales, y que continuó generando comentarios en el ámbito internacional, luego de las declaraciones de Leamsy Salazar, quien al afirmar haber liderado el personal de seguridad de Cabello, aseguró haberlo visto supervisado el envío de un cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná.
En el texto también se menciona como objeto de investigación a los funcionarios Tareck El Aissami, ex ministro de Interior y Justicia, y gobernador del estado Aragua; Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, hermano de Cabello y ministro de Industrias, y quien dirige la agencia de recolección tributaria del país, y el general Luis Motta Domínguez, general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela.
Los investigadores estadounidenses intentaron contactar, vía telefónica y electrónica, a los funcionarios de varios ministerios, así como la oficina del Presidente, para solicitar comentarios. No obtuvieron respuesta.
Cabello solicitó una indemnización por daños y perjuicios, incluyendo una indemnización penal y el pago de los gastos procesales por parte de todos los demandantes.
La acción legal en contra del diario estadounidense The Wall Street Journal vulnera los estándares internacionales sobre libertad de expresión y el derecho a la información, establecidos y ratificados en los artículos 23, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 10 que en caso de corroborarse la intención del comunicador en infligir daño a partir de la difusión de información falsa, las penas vinculadas a los delitos que atenten contra el honor y la reputación de las personas deben aplicarse a través de sanciones civiles, como el pago de una multa proporcional al daño causado. De igual manera, el numeral 11 de esta declaración establece que las leyes que penan las expresiones que atentan contra la reputación de un particular, llamadas leyes de desacato, atentan contra la libre expresión.
IPYS Venezuela contabiliza en su registro histórico (2002-2016) 64 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación en el país. De este número, 29 se deben a delitos por difamación e injuria establecidos en el Código Penal Venezolano.
Al menos 36 personas naturales han sido demandadas por delitos de difamación e injuria, y 22 (más de 50%) corresponde a la demanda de Diosdado Cabello por el presunto delito de difamación agravada continuada contra editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital, La Patilla, luego de la reproducción de la información publicada en el diario ABC, el 27 de enero de 2015.
La demanda contra las 22 personas contempla una medida sustitutiva de libertad que implica la prohibición de salida del país y un régimen de presentación de cada ocho días en tribunales.
Las empresas de medios de información demandadas por el presunto delito de difamación e injuria durante el mismo período son los impresos El Universal, Tal Cual, Correo del Caroní, El Nacional, y el portal web, La Patilla.
Para acceder al texto objeto de la demanda en español, consulta aquí:
