IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 5 de agosto de 2016, efectivos policiales despojaron de sus cámaras a los reporteros gráficos del Diario de Los Andes, Marcos Riveros, y del Diario El Tiempo, Jhimmy Pacheco, mientras cumplían con su labor de dar cobertura a un enfrentamiento policial contra sujetos armados en el sector Giraluna, urbanización La Florida II del municipio Motatán, en el estado Trujillo.
Las herramientas de trabajo fueron retenidas a la fuerza poco después de las tres de la tarde del sábado 5 de agosto, hora en que se reportó la situación irregular y los equipos de prensa se presentaron en el lugar.
La excusa de los funcionarios fue el homicidio de dos integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Trujillo, lo cual desencadenó detonaciones frente al conjunto residencial, activación de bombas lacrimógenas y el despliegue de un cordón de seguridad en la zona por un sujeto que se encontraba escondido en uno de los apartamentos.
El equipo de prensa denunció el abuso de autoridad y el Jefe de Operaciones del caso indicó que no tenía conocimientos de lo ocurrido. Los periodistas tuvieron que retirarse del sitio sin el equipo fotográfico, el cual fue devuelto a final de la tarde de ese día sin las imágenes registradas horas antes por los reporteros.
El hecho se enmarca en un uso abusivo del poder estatal, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, vinculado a un ataque contra las herramientas de trabajo de reporteros gráficos.
De acuerdo al informe policial, se reportó el asesinato de los detectives del Cicpc Ricardo José Olivar y Jean Carlos Morillo Quinto. Los cuerpos policiales abatieron al presunto responsable del crimen, identificado como Jesús Ramón Urbina Venegas, de 25 Años, apodado “El Mono” y miembro de la banda “El Colombiano” que azota la zona baja del estado Trujillo.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 9 que la destrucción del material de los medios de comunicación coarta severamente la libertad de expresión. Por esta razón, se exhorta a los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
