IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El jueves 18 de agosto de 2016, el periodista Julio Mendoza, corresponsal del portal informativo El Pitazo, fue detenido y golpeado por oficiales de la Policía del estado Apure, cuando cubría un recorrido casa por casa y la entrega de volantes como parte del activismo político de varios militantes y dirigentes de diferentes partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El hecho ocurrió en la avenida Fuerzas Armadas de San Fernando, en el estado Apure, a la altura del sector Puente Llaguno.
Mendoza se encontraba documentando con su teléfono celular la repentina detención del joven Juan Valdez, cuando fue abordado, en principio, por dos funcionarios que intentaron arrebatarle su dispositivo móvil. Luego se sumaron dos efectivos más, que a la fuerza lo subieron a la patrulla 046 de PoliApure.
El reportero del medio independiente, junto a los otros 11 detenidos, cinco de ellos menores de 18 años, fue trasladado a la sede de la Dirección General de la Policía del estado Apure, en la avenida intercomunal San Fernando – Biruaca, donde los mantuvieron aproximadamente 90 minutos.
Una comisión de partidos políticos intentó ingresar al recinto para verificar las condiciones en las que se encontraban los jóvenes y el periodista detenido, pero no se les permitió. Trascendió que serían liberados. Fueron sacados del lugar en patrullas, escoltadas por motorizados.
Se presumía, por versiones de algunos oficiales, que serían trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la avenida 1° de Mayo de la capital apureña, pero no fue así. Los llevaron hasta la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), frente al Destacamento N° 35 de la Guardia Nacional, donde minutos después fueron liberados, pero con evidentes hematomas en el cuerpo.
“Me golpearon bastante, principalmente en la espalda”, contó Mendoza, agregando que para agredirlos utilizaban los cascos de las motocicletas.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en una agresión física, una limitación a la cobertura periodística, un ataque contra las herramientas, una detención arbitraria y un uso abusivo del poder estatal contra un reportero en pleno cumplimiento de sus funciones por parte de cuerpos policiales.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2016, IPYS Venezuela registra 74 limitaciones de hecho a la cobertura periodística por inseguridad evidente en las calles, 37 agresiones físicas, 23 ataques contra las herramientas de trabajo y 15 detenciones arbitrarias.
Los derechos a la libre expresión y a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se establecen que todas las personas tienen derecho a la información libre, plural y sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
