IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 25 de mayo de 2015, la periodista Sebastiana Barráez recibió en la sede del semanario Quinto Día, impreso para el cual labora, el documento que le notifica sobre una demanda en su contra por parte del concejal del municipio Carirubana del estado Falcón y dirigente regional del PSUV, Kyle Baldayo, por difamación agravada. La demanda fue efectuada en el Tribunal Tercero de la ciudad de Coro, capital de la entidad, admitida por la jueza Karina Zavala.
Este conflicto tiene su origen el 29 de junio del 2005 cuando Baldayo, candidato a la concejalía para esa fecha, fue grabado con un dispositivo de audio justo en el momento en el que hablaba con un contratista con quien estipulaba el monto correspondiente a la comisión por la obra. El 15 de septiembre del 2006, Barráez publicó un extracto de esa conversación.
Ese mismo año, el concejal reconoció en un programa de televisión regional que efectivamente esa era su voz, pero que el dinero solicitado no era para él, sino que sería destinado al partido oficialista del cual forma parte.
Tres personas denunciaron al concejal ante el Ministerio Público, pero el fiscal del caso Freddy Franco solicitó sobreseimiento por no existir suficientes pruebas de convicción, pese a la grabación de audio y a la confesión que el mismo Baldayo hiciera en un medio televisivo.
El edil demanda a Barráez, conocida por sus denuncia constantes sobre hechos de corrupción en el estado Falcón por parte de dirigentes políticos del PSUV (obras inconclusas, abuso de poder, empresas fantasmas, entre otros) por las menciones sobre su caso. “Él dice que no puedo estar nombrándolo porque con el sobreseimiento por parte del fiscal él está en buenos términos legales sin importar que reconoció que era su voz y que pidió ese dinero”, indicó la periodista.
Asimismo, en un archivo de audio suministrado por Barráez, el diputado Jesús Montilla, esposo de la gobernadora del estado, Stella Lugo, y coordinador estadal del PSUV, expresó en una entrevista radial con el secretario de gobierno, Miguel Ávila, que su cuñado y secretario de protección social del estado, Noel Lugo, prepara otra demanda en contra de la periodista Sebastiana y el Diario La Mañana por una información publicada en ese medio que presuntamente contiene señalamientos difamatorios en contra de Lugo.
De igual forma, Montilla aseveró que aplicará el mismo procedimiento en contra del periodista Félix Amaya, así como al director del canal Médano TV Fito Aref, a raíz de una entrevista que se le realizó el pasado jueves, 8 de Mayo de 2015, al ex candidato a las primarias de la MUD, Iván Freites, quien señaló a Montilla como corrupto.
Este hecho se enmarca en una categoría de uso abusivo del poder estatal vinculado a acciones legales contra periodistas o comunicadores sociales.
Entre 2005 y 2015, IPYS Venezuela contabilizó 42 procedimientos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación en el país.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que todos tienen derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Además, su artículo 9 señala que los hechos de amenaza e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
