Además, el fiscal solicitó los datos personales de dos mecanógrafas, el coordinador general, el jefe de redacción y el gerente del semanario.
El abogado del medio, Omar Estacio, indicó al IPYS que el artículo 28 de la Constitución Nacional, y el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, protegen el secreto de las fuentes de información periodística y, por tanto, no se puede obligar a revelar las fuentes.
Estacio denunció una campaña de acoso contra La Razón, expresada en una serie de acciones judiciales contra sus periodistas y presiones a los anunciantes del diario por parte del gobierno.
IPYS considera que la medida viola el derecho constitucional de resguardar las fuentes de información.