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La agresora tildó de amarillista y traidoras de la patria a las periodista que cumplían con su labor informativa
Ana Karolina Mendoza/Equipo IPYS Venezuela
A Paola Cordero y Eleanis Andrade, periodista y fotorreportera del diario Versión Final, las agredió verbal y físicamente una empleada de la alcaldía del municipio San Francisco -contiguo a Maracaibo- el 28 de enero-, mientras cubrían una jornada del Carné de la Patria en el Complejo Bicentenario Sur, de la parroquia Domitila Flores.
«Nos dijo que éramos unas vendidas, que qué hacíamos allí, que somos amarillistas. También que éramos unas traidoras de la patria y nos dijo varias vulgaridades. Ahí fue cuando le reclamé que nos dejara hacer nuestro trabajo», relató Cordero a IPYS Venezuela.
Los testigos identificaron a la empleada pública como Adela Prieto, quien se ensañó con Andrade: forcejeó para arrebatarle la cámara fotográfica; pero la reportera gráfica no se lo permitió y Prieto la golpeó con fuerza en los brazos, al punto de dejarle amoratado el derecho en la parte superior.
«Rato después, Beatriz González, quien se identificó como miembro del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de la zona, y un joven identificado por la comunidad como Giovanny volvieron a arremeter contra nosotras. Había efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpos de seguridad del Estado, quienes observaron la situación y no hicieron nada. A los minutos se fueron como si nada», recordó Cordero.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad del gobierno.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura previa, la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, información u opinión a través de los medios de comunicación, deben estar prohibidas por la ley.
En su numeral 9 establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
