IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 7 de junio de 2016, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, Ramón Cabeza, afirmó que la periodista Lorena Arráiz usa su cuenta en la red social Twitter para desestabilizar con mentiras. Así lo refirió en un tuit la emisora YVKE.
En rueda de prensa, el militar y funcionario público enseñó ampliaciones impresas de dos tuits de la periodista. En uno, escrito en la víspera, informaba sobre la quema de una moto de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo de seguridad del Estado, en las adyacencias de la Universidad de Los Andes (ULA). En otro, denunciaba que agentes de la PNB no solo ingresaron a la ULA sino que uno de ellos golpeó en la cara a una empleada de la casa de estudios.
El funcionario cuestionó la veracidad de estas informaciones, aunque en el noticiario televisivo regional fueron difundidas imágenes que demuestran la incursión de policías al campus. También, el martes 7 de junio el comando intergremial de la ULA denunció ante los medios la agresión que sufrió una empleada por parte de un policía cuando estacionaba su vehículo. Las autoridades académicas igualmente ratificaron a la prensa que fueron violentados tanto la autonomía universitaria como los derechos humanos del personal.
No es la primera vez que funcionarios públicos objetan y exponen ante la opinión pública contenidos informativos que Arráiz escribe en su cuenta de Twitter. La periodista colabora con El Universal y conduce un programa de entrevistas en la Televisora del Táchira.
En otro tema, durante la misma rueda de medios el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, desmintió rumores divulgados por algunos particulares en redes sociales mediante los cuales aseguraban que habían muerto dos universitarios. La información, en efecto, carece de veracidad; las fotos difundidas correspondían a un hecho anterior en el tiempo y ocurrido en otro estado del país.
Al respecto, el mandatario anunció que enviaría al Ministerio Público un reporte de los tuits generados por esos usuarios particulares de Twitter, para que se abra un expediente sobre este caso que, aseguró, generó alarma y desinformación en la población.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a una declaración agraviante con fines intimidatorios contra periodistas por parte de un funcionario público.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 57 y 58 los derechos que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información, a través de cualquier medio de comunicación e información, sin que pueda establecerse censura. El derecho se encuentra sujeto a responsabilidades ulteriores.
Las amenazas y hechos intimidatorios violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los Estados deben prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores.
IPYS Venezuela hará seguimiento.
