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Cumaná.- El miércoles 15 de junio de 2016, un día después de los disturbios y saqueos ocurridos en Cumaná, estado Sucre, funcionarios militares pertenecientes al Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) en la entidad, impidieron la cobertura de focos de protestas ocurridos en el sector Brasil, al oeste de Cumaná, uno de los focos donde se evidenciaron comercios violentados, y zona en la que fallecieron dos de las tres víctimas de la jornada de disturbios del martes 14.
Indira Lugo, directora de información del Diario Región Oriente, uno de los dos medios impresos que circula en la entidad y en estados orientales como Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, detalló que aproximadamente a las 10:00 a.m. de ese día el equipo reporteril del tabloide, integrado por ella y el reportero gráfico Martín Coronado, acudieron a cubrir un foco de protestas y conatos de saqueo en el sector Brasil y al llegar había ciudadanos en las calles, protestando y custodiados por el Gaes.
Agregó que el fotógrafo activó su cámara e hizo varias gráficas de la situación y poco tiempo después los efectivos militares le exigieron que dejara de laborar y que les diera la cámara o borrara las fotos. Apuntó que los funcionarios poseían pasamontañas que impedían ver sus rostros, y no se podía determinar sus nombres, pues tenían tapado con chalecos antibalas negros la identificación en sus uniformes.
El fotógrafo Coronado se negó a borrar el material y entregar su cámara, respaldado por la periodista Lugo. “Ellos insistían que elimináramos las fotos y no nos dejaban continuar el trabajo, en el lugar también había funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pero ellos no participaron ni emitieron opinión, solo los del Gaes mantenían la insistencia. Le dije a Martín (Coronado) que no entregara la cámara y le dije al militar que si quería rompiera la cámara, pero que no íbamos a borrar nada e íbamos a seguir cubriendo la noticia”, dijo.
Lugo destacó que aproximadamente media hora después de estar retenidos por los funcionarios del Grupo Anti Extorsión y Secuestro, habitantes del sector que se encontraban manifestando, actuaron en defensa del grupo reporteril y exigieron a los militares que les dejaran seguir trabajando e informando lo que ocurría en el sitio. También intervino el reportero y propietario de la televisora local NVH Noticias, Ramón Vivas, quien estaba en el sitio haciendo cobertura audiovisual. “Afortunadamente la misma comunidad nos defendió y cesó el acoso de los funcionarios. Pudimos seguir trabajando”, comentó la periodista.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en el Uso abusivo de la función militar vinculado a una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad del gobierno.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienen los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de comunicación e información. De igual manera, el principio 5 señala que las presiones directas e indirectas sobre la información difundida, a través de los medios de comunicación, y que tiene la intención de impedir o limitar el flujo informativo, viola el derecho a la libre expresión.
