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GN impidió que periodistas y diputados llegaran al CNE en Cumaná

  • El oficial, cuyo nombre estaba solapado con un chaleco antibalas, dio órdenes de desalojar a la prensa regional y nacional “por alteración del orden público”

Funcionarios militares impidieron que una marcha, convocada por factores de oposición y realizada este lunes 23 de enero, llegara hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la capital de Sucre. Periodistas fueron desalojados a cien metros de la sede institucional mientras realizaban trabajo reporteril.

GN colocó barricadas para impedir a opositores y periodistas acceso al CNE. Foto. Nayrobis Rodríguez.

Con barricadas de metal y uso de equipos antimotín, unos cincuenta funcionarios de la Guardia Nacional (GN) impidieron que diputados de la Asamblea Nacional (AN) y periodistas llegaran hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la avenida Cancamure de Cumaná, estado Sucre.

A cien metros de la institución comicial, funcionarios militares impidieron el paso de diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes solicitarían la realización de elecciones regionales a través de la entrega de un documento a las autoridades regionales del ente.

Al llegar a la barricada impuesta por la GN, el oficial a cargo permitió que un grupo de periodistas, camarógrafos y fotógrafos de medios de comunicación nacionales como RCR y El Pitazo, así como medios locales como Prisma TV, Diario Región, Plus Televisión y Telesol, accedieran al espacio tras la barricada. No obstante, la acción fue permitida por unos quince minutos, tiempo en el que un funcionario de la GN, cuyo nombre estaba solapado con un chaleco antibalas, exigiera a los trabajadores de la prensa no continuar con la labor reporteril.

Ante la aclaratoria de los trabajadores de la prensa, quienes puntualizaron que solo ejercían reporterismo, el funcionario señaló que los desalojaba por alteración del orden público y dio instrucciones a los militares que portaban equipos antimotín en la barricada, que sacaran a los periodistas.

Luego del desalojo, y mientras los diputados y dirigentes bajo la vocería del parlamentario nacional Robert Alcalá, exigían el pase a las adyacencias del CNE, un funcionario del Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes) dijo en voz alta que recogerían teléfonos a quienes tomaban fotos y solicitó la entrega del teléfono celular a la corresponsal del medio multiplataforma digital El Pitazo, en Sucre, Nayrobis Rodríguez. La periodista se negó a entregar el teléfono y se dirigió rápidamente hacia otro lado de la manifestación para evitar que tomaran su teléfono.

Otros medios de comunicación y reporteros de la Dirección de Política Comunicacional de la Gobernación de Sucre pudieron quedarse tras la barricada y no fueron desalojados, mientras una funcionaria de la GN realizaba grabación de los periodistas y dirigentes políticos en el lugar.

Los opositores no lograron acceder a la sede del CNE y, en cambio, el director regional del ente comicial, Luis Chacín, llegó al lugar donde se encontraban los opositores. Chacín les recibió el documento mientras tuvo impases con el legislador regional por la MUD, Paúl Elguezabal, a quien cuestionó sobre sus motivaciones para estar en la marcha, formulando preguntas relativas a quien lo había enviado al sitio.

Luego de la entrega del documento, los dirigentes políticos se retiraron del lugar y solicitaron a sus acompañantes realizar una acción similar.

Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a la función militar durante cobertura de calle,  y un intento de confiscación por parte de los funcionarios militares.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.

El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura previa, la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, información u opinión a través de los medios de comunicación, deben estar prohibidas por la ley.

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