IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Miguel Cardoza
San Fernando de Apure
El lunes 4 de julio de 2016, el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, anunció una demanda penal contra el periodista Jair Torres, conductor del programa meridiano “Con ustedes” que transmite la televisora ContacTV, la cual -según dijo- revisa junto a la Procuradora General del estado, Alba Espinoza.
Según el mandatario regional, el comunicador informó que se realizaría un mercado a cielo abierto el viernes 1 de julio. Dicho rumor ya tenía días posicionado.
Torres desmintió haber divulgado la información; a pesar de recibir mensajes que anunciaban dicho operativo; no obstante, comentó al aire que no podía confirmarla por no tener precisión de la misma. Además, en su espacio, la alcaldesa de San Fernando, Ofelia Padrón, encargada de las ventas de bolsas de comida, desmintió que estuviese en agenda tal actividad.
No es la primera vez que Carrizalez intimida a medios y periodistas, acción que puede derivar en hechos de censura y autocensura.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en una amenaza de acción legal con fines intimidatorios por parte de una autoridad pública.
Las amenazas y hechos intimidatorios violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los Estados deben prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores.
