Gobierno impulsa la vigilancia en redes sociales y la difusión de noticias falsas

• El ejército de trolls, las brigadas comunicacionales y la milicia digital serán las estructuras encargadas de vigilar los contenidos y difundir “falsos positivos” en las redes sociales

• Conatel discute la aprobación de un reglamento que controle los perfiles en redes sociales y las direcciones IP. Paralelamente, adquiere tecnología para vigilar y bloquear contenidos en la web

Una presentación del Ministerio para Interior, Justicia y Paz plantea un proyecto de formación de un “ejércitos de trolls de la revolución venezolana” que tendrá a su cargo la vigilancia de contenidos en las redes sociales, y la creación y difusión de noticias falsas.

Este manual de uso interno del Estado llegó a IPYS Venezuela a través de fuentes confiables durante el mes de mayo de 2017,  y plantea estrategias de organización militar y de inteligencia para restringir y cohibir el debate ciudadano que se genera en las redes sociales.

Descarga el manual de Ejército de Trolls:

esto-2.pdf

Esta propuesta forma parte de las acciones del poder ejecutivo destinadas a limitar las libertades informativas en la web tras la acentuación de las protestas ciudadanas que tuvo como respuesta la prolongación de un estado de excepción que contempla “regulaciones contundentes” a los contenidos en internet.

El “ejército digital” distribuye en escuadra, pelotón, compañía, batallón y brigada las acciones de los trolls, personas dedicadas a emitir burlas, engaños e insultos a través de la web con el propósito de obstaculizar, bloquear, desvirtuar y opacar a personas o hechos; así como de minar el ambiente digital con informaciones ambiguas y no verificadas.

La escuadra conformada por una persona tendrá a su cargo 23 cuentas en las más importantes redes sociales y las brigadas con 500 personas manejaran 11 mil 500 cuentas para extender la hegemonía comunicacional en la web, refiere el documento.

Estos grupos, bajo la lógica militarista que caracteriza al gobierno venezolano, tendrán entre sus actividades la creación de contenidos informativos y de propaganda, generación de diseños, creación de cuentas en las redes sociales y creación de aplicaciones web. Los denominados “flames” serán los “incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a la oposición”.

A su vez, estos grupos crearán cuentas, mensajes e información a favor del gobierno, opositores, neutros, de distracción y las “fake news”. IPYS Venezuela ha advertido en los últimos tres años sobre estas acciones de vigilancia y seguimiento, como estrategia gubernamental 2.0, que ponen en riesgo al periodismo, la libertad de expresión y la democracia.

La presencia de estos grupos en internet, bajo la potestad del Ministerio de Interior y Justicia, extiende a internet el Estado de vigilancia, opacidad y censura que el gobierno venezolano ha ejecutado de manera creciente mediante reglamentos, organismos y órdenes inconstitucionales desde el 2013 cuando se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y en 2014 con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a quienes se les atribuyó competencias de vigilancia junto con los cuerpos de seguridad para el restablecimiento del orden público y la seguridad de la nación.

La delación como práctica también ha sido promovida e institucionalizada desde el alto gobierno bajo la figura del “patriota cooperante”, utilizada por el exdiputado Diosdado Cabello para someter al escarnio a dirigentes políticos de oposición y personalidades críticas al gobierno. A través de su programa televisivo “Con el mazo dando” Cabello difunde comentarios agraviantes, acusaciones falsas e información privada de periodistas, activistas y dirigentes políticos y de derechos humanos bajo el uso de fuentes anónimas. En algunos casos estas campañas de agravio han comprometido la integridad y seguridad de las personas señaladas.

Internet en la mira de Conatel

Mientras se organizan estas estructuras de vigilancia en las redes sociales, El pasado 02 de junio el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez dijo que ese organismo discute un reglamento sobre el uso de cuentas y direcciones IP en cualquier red social. “Estamos evaluando el levantamiento de información de quién abre una cuenta, de quién ejerce un medio electrónico por la plataforma que sea”, informó a El Estímulo.

En esa ocasión, Méndez reiteró que el gobierno venezolano está adquiriendo tecnología para identificar, bloquear y censurar contenidos, perfiles en redes sociales y aplicaciones en el país. Conatel ha bloqueado en los últimos dos meses y medio de protestas tres portales informativos de streaming: Capitolio TV, Vivo Play TV y VPI TV; ha censurado las señales de medios informativos internacionales de las cableras del país y cerrado más de una docena de emisoras en distintos estados de Venezuela.

Las acciones penales contra personas y periodistas por expresarse en plataformas digitales también han sido parte de este contexto de libertades restringidas. Las represalias por expresión en Internet se evidenciaron en dos casos específicos, cuando la oficina de migración venezolana anuló el pasaporte de los periodistas César Miguel Rondón y Nitu Pérez Osuna imponiéndoles de facto una prohibición de salida del país y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mantiene arbitrariamente detenido desde el 28 de abril al tuitero Dan Zambrano, quien fue privado de su libertad en Maracay, estado Aragua.

En lo que va de año IPYS Venezuela ha registrado 13 ciberagresiones, relacionadas con bloqueos selectivos y ataques DDos. Cuatro de los siete casos de censura registrados en 2017 se dieron en el contexto de las protestas. Los medios digitales fueron en el primer trimestre de este añolos más afectados por las violaciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en el país.

Facultades de los CLAP

El propósito del gobierno de restringir los contenidos en la web incluye a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a los que se le sumaron en el mes de mayo tareas de comunicación digital. De acuerdo al coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, 30 mil personas estarán dando la “batalla en la guerra mediática y el desmontaje de matrices negativas”. Jóvenes entre 18 y 35 años con destrezas en redes sociales están siendo formados sobre la Constituyente, la guerra no convencional, la comunicación digital y el manejo de las redes sociales. El fin de este plan es generar contenidos “que proyecten las experiencias positivas que vive el país”.

Los Claps surgieron formalmente con el decreto de estado de excepción y emergencia económica del 13 de mayo de 2016, publicado en Gaceta Oficial Extaordinaria N° 6.227, donde se les atribuyó “la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”, incluso con la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana.

En la novena disposición se le atribuye “funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), a los Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.

Milicias digitales

Las milicias digitales son otras de las estructuras que el gobierno creó en los últimos meses con el propósito de controlar los contenidos en internet. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas anunció su creación el 28 de abril. “Cada miliciano digital se responsabiliza por otros 10. El 1×10 de los tiempos electorales lo reproducimos para la batalla digital”, indicó. Villegas además anunció la instalación de “puntos candanga” en las Plaza Bolívar del país para abrir perfiles en las redes sociales a los venezolanos. hasta el momento se desconoce la participación de los ciudadanos en esta convocatoria.

La pretensión del gobierno de poner límites a internet, contrarios a la naturaleza de la web y a los principios y estándares internacionales sobre la libertad de expresión en internet, dan cuenta de un acción coordinada entre instituciones militares, de seguridad, comunales, partidistas y de comunicación que busca acallar las voces críticas y promover la censura con la vigilancia discrecional y masiva de los usuarios y contenidos en la web.

IPYS Venezuela manifiesta su preocupación porque en la medida que han aumentado las acciones oficiales que avalan los bloqueos y la censura en internet, también se han fortalecido las estructuras pro-gubernamentales en plataformas digitales que avalan el seguimiento, la vigilancia y las acciones de criminalización hacia sectores que son considerados como disidentes del gobierno y e intenta imponer un voz única en estos entornos para afianzar los intereses proselitistas que favorezcan la gestión del Presidente Nicolás Maduro.