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Grupo de periodistas fue agredido mientras cubría protesta por comida en El Tigre

A las 12 y 30 del mediodía de este martes 14 de junio de 2016, se generó una protesta en la avenida Intercomunal de El Tigre, sector Valle de Guanipa, estado Anzoátegui. Ciudadanos reclamaban por falta de comida. Funcionarios de la Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir) se presentaron en el lugar y pidieron a los fotógrafos Roiman Bejarano, de El Tiempo; José González, de Mundo Oriental, y Nehomar Guerra,  de El Norte que no tomaran fotografías.

Al menos tres limitaciones a la cobertura periodística se registraron en el estado Anzoátegui el día martes
Al menos tres limitaciones a la cobertura periodística se registraron en el estado Anzoátegui el día martes

Así lo relató Marinelid Marcano, reportera de El Tiempo y El Pitazo, quien precisó que también se encontraban sus colegas Yemmy Jiménez, de Mundo Oriental, y Susana Quijada, de El Vistazo. José González fue agarrado por un brazo, amenazándolo con llevárselo preso.

Marcano comentó que los efectivos hicieron tiros al aire, lo que permitió a los comunicadores dispersarse y poder hacer gráficas de otros ángulos.

Esta alerta a libertad de expresión representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público con fines intimidatorios en cobertura de calle por parte de funcionarios militares.

Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.

Cabe destacar que el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida con la ley.

Los hechos de intimidación, amenaza, secuestro y asesinato a los comunicadores sociales, así como la destrucción de sus materiales de trabajo, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan gravemente la libertad de expresión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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