Impidieron a Espacio Público emitir declaraciones en sede del TSJ

• Los abogados estaban declarando en las escaleras de la sede judicial, cuando un funcionario de seguridad tapó el lente de la cámara para impedir la grabación

Un funcionario de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidió que representantes legales de Espacio Público, asociación civil que vela por la libertad de expresión en Venezuela, emitieran declaraciones con relación al amparo constitucional que interpusieron ante el órgano judicial contra Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por no convocar a las elecciones de gobernadores y consejos legislativos.

El hecho ocurrió el jueves 9 de febrero de 2017, cuando las reporteras Ronna Risquez y María Paula Martínez del portal digital Runrun.es registraban en video una declaración del abogado Ricardo Rosales, en compañía de Oswaldo Cali y Amado Vivas, acerca de la violación del derecho al voto y la participación ciudadana en asuntos públicos.

“Los derechos violados son rango constitucional por estar contenidos en la Carta Magna y en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado venezolano, los cuales son de aplicación directa e inmediata en concordancia con el artículo 23 constitucional”, refiere la demanda de Espacio Público en la noticia informativa publicada en su página web.

Los abogados se encontraban declarando a la altura de las escaleras que dan hacia la fachada de la sede judicial cuando un funcionario de seguridad intervino y tapó el lente de la cámara del celular con el que una de las reporteras se encontraba grabando las declaraciones.

“Esta persona nos dijo que estaba prohibido tomar fotografías. Aunque le expliqué que usualmente dábamos ruedas de prensa en ese lugar, nos dijo que debíamos pedir un permiso especial para registrar la información. También supe que esta persona tenía poco tiempo en el cargo”, recordó el abogado Oswaldo Cali.

Los reporteros difundieron la limitación en video, a través de la página web  de Youtube:

IPYS Venezuela registró 43 alertas a la libertad de expresión vinculadas a la acción de funcionarios policiales, militares y de inteligencia que impiden o intentan impedir la cobertura de asuntos de interés público en 2016.

Las limitaciones a las ruedas de prensa, por parte de funcionarios de seguridad de sedes estatales, no solo vulneran los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos para expresar libremente sus ideas y opiniones,  a través de los medios de comunicación social, sino que también niega el derecho de acceder a información que puede ser de interés público.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su numeral 5 que la censura previa debe estar prohibida por la ley, y que cualquier interferencia directa o indirecta que obstaculice el flujo informativo, a través de los medios de comunicación social, violan el derecho a la libertad de expresión.