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Periodista denunció perfil falso de Facebook

El periodista que analiza los procesos electorales en Venezuela también alertó acerca del intento de vulneración de su correo electrónico

El 7 de mayo de 2016, el periodista Eugenio Martínez recibió información acerca de la creación de un perfil falso de Facebook que tenía su nombre y su fotografía, y con el que se hacía seguimiento a personas vinculadas al entorno electoral en el país. En lo que va de año, IPYS Venezuela ha registrado al menos 17 ciberagresiones contra comunicadores sociales.

Eugenio Martínez relató a IPYS Venezuela que en horas de la mañana del 7 de mayo, una persona de confianza le informó acerca de una serie de comentarios emitidos desde una cuenta de perfil de Facebook que tenía su nombre. “Tenía mi foto, el nombre y una breve biografía. El perfil seguía a personas vinculadas al mundo electoral y la comunidad universitaria”, aseguró.

Perfil falso de Eugenio Martínez
Perfil falso de Eugenio Martínez

Martínez denunció la creación de este perfil de Facebook como suplantación de identidad. A los 30 minutos, la empresa notificó al periodista que la cuenta había sido eliminada, luego que se corroborara que la misma infringió sus Normas Comunitarias con relación a Identidad y Privacidad. A continuación, el mensaje del equipo Facebook:

Hola Eugenio,

El perfil que tu amigo reportó se eliminó porque infringe nuestras Normas comunitarias sobre identidad y privacidad. Le comunicamos al propietario del perfil que se eliminó, pero no quién lo reportó.

Gracias por ayudarnos a que Facebook sea un lugar seguro y auténtico. Si ves algo más que te preocupe, avísanos.

Gracias.
El equipo de Facebook

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El periodista Eugenio Martínez también relató que en los últimos dos meses ha recibido diariamente alertas de Google en la que se le pide vaciar información para recuperar su cuenta de correo Gmail.

Aunque al pie del correo una “Nota” le sugiere al periodista no responder el mensaje, el mismo viene acompañado de un enlace que lo lleva a vaciar su Usuario y su Contraseña, con el supuesto de restablecerla.

Expertos en el área digital aseguran que este tipo de maniobras, conocidas como Phishing o Suplantación de Identidad, se utilizan con el fin de vulnerar cuentas electrónicas y perfiles de redes sociales, a través de mensajes que solicitan de manera fraudulenta las contraseñas, para tener acceso a la información de los usuarios.

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Desde hace dos meses, período en el que se viene produciendo información con relación al referendo revocatorio en Venezuela, Martínez aseguró que también ha recibido alertas desde su página web Análisis Político Electoral, alojada en la plataforma WordPress, en las que se le notifica intentos de cambio de Sistema de Nombre de Dominio, mejor conocido como DNS, y con los que se podría re direccionar dicha página a otro enlace web.

Recientemente, IPYS Venezuela registró que grupos anónimos se encuentran creando perfiles falsos en Twitter y Facebook de periodistas, escritores y activistas de Derechos Humanos, con el fin de utilizar su identidad para desprestigiarlos o involucrarlos con mensajes altisonantes que hacen crítica al gobierno nacional.

Esta alerta a la libertad de expresión representa una ciberagresión con fines intimidatorios.

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen que “la comunicación es libre y plural”. Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones mediante cualquier forma de expresión y de hacer uso de cualquier medio de difusión y comunicación para ello, así como también tienen derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial sin censura.

El artículo 20 de la Ley especial contra los delitos informáticos establece que el delito de violación a la privacidad de la data o información de carácter personal será sancionado con prisión de dos a seis años y multado de doscientas a seiscientas unidades tributarias. Inclusive, la pena se incrementará si el hecho incurriera en perjuicio para el titular de la información

Libertad de expresión en Internet

Naciones Unidas, a través de su Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet, establece que los particulares afectados pudiesen iniciar acciones legales siempre y cuando puedan demostrar haber sufrido un daño sustancial a partir de publicaciones maliciosas, con el fin de prevenir lo que se conoce como “turismo de la difamación”.

Esta declaración establece “las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de “lugar público de reunión” que cumple Internet)”.

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