IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 7 de marzo de 2016, el portal prooficialista Misión Verdad acusó a medios privados de hacer “propaganda en contra del país”, a través del artículo “Tres maniobras de intoxicación de los medios ‘independientes’ en torno a Tumeremo”, tras las publicaciones de los medios web El Estímulo y Efecto Cocuyo, y el diario El Nacional por el caso de los mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar. Telesur también se hizo eco de la acusación al publicar parte del trabajo, en el que también son señaladas las cadenas de televisión internacional BBC y CNN en español.
“Sin pruebas ni fuentes verificables medios ‘independientes’ intoxican a la opinión pública”, ésta es la frase utilizada en el antetítulo del trabajo que señala que “los ‘medios independientes’ en Venezuela funcionan como una oficina de prensa gestionando la agenda política de actores internos y foráneos”. Además de “estar a la cabeza de las maniobras de intoxicación dirigidas a demonizar por la calle del medio al aparato de seguridad del Estado venezolano en relación a la situación de Tumeremo”.
Según el artículo, “la falta de pruebas sólidas, de fuentes confiables y de verificación soportan las interesadas hipótesis” de estos medios, como parte de la “maniobra de intoxicación” de lo que definen como “máquinas de propaganda”.
Entre los medios acusados se encuentra El Estímulo. El texto dice: “analizando brevemente la nota más resaltante de El Estímulo sobre la supuesta ‘masacre de Tumeremo’, observamos que el énfasis discursivo y las justificaciones de fondo no están dadas por fuentes verificables que precisen cómo sucedió el hecho ni los actores involucrados, sino por una persona que ‘les ofreció información de lo sucedido’ al cual le colocaron el nombre de Carlos Pérez (ocultando su verdadera identidad para ‘resguardar’ su seguridad)… Ésta es la única declaración, la única ‘fuente’, que soporta la supuesta relación de los organismos de seguridad del Estado con ‘la masacre’”. De igual manera, fueron mencionados los medios privados El Nacional y Efecto Cocuyo.
Cadena de televisión multiestatal hace eco
Telesur, cadena de televisión multiestatal de noticias con sede central en Caracas, ciudad capital, también señaló a estos medios privados, así como también lo hizo con CNN y BBC, acusándolos de politizar el caso de los mineros de Tumeremo, mediante el artículo “La politización del caso de 28 mineros presuntamente desaparecidos en Venezuela”, cuya fuente es la publicación mencionada anteriormente y disponible en misionverdad.com.
En el artículo, de igual manera, se expone que la construcción de la información acerca del hecho se encuentra sustentada “en testimonios de ‘sobrevivientes’, de los cuales no hay nombres ni fotos, ni forma de comprobar el hecho bajo el argumento de ‘resguardo a la identidad’”. Según el texto, los reportajes publicados por estos medios “apelan al miedo de las víctimas para ocultar la falta de pruebas verificables del hecho”, y todos los rumores son impulsados por los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y medios internacionales como la BBC y CNN “en un nuevo intento por acabar con el mandato del presidente legítimamente electo”, Nicolás Maduro Moros.
Esta alerta que atenta contra los derechos a la libertad de expresión y a la información se enmarca en el uso abusivo del poder estatal y se encuentra vinculada a una campaña de agravio promovida por medios afines al oficialismo, valiéndose de la utilización sistemática de un medio estatal para agraviar a medios de información.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 8 que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Asimismo, el principio 9 instaura que las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
