IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Desde el domingo 3 hasta el jueves 7 de abril de 2016, desde al menos siete portales web estatales y prooficialistas se dirigieron mensajes descalificativos contra periodistas venezolanos que participaron en la investigación periodística mundial Panamá Papers, que dejó al descubierto cómo personas millonarias y de poder utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, ocultar y lavar dinero, y que se afianzó en la revelación de once millones de documentos procedentes de la firma panameña Mossack Fonseca, de los cuales 270 mil mencionan a Venezuela. Algunos de los mensajes de descrédito también fueron difundidos por el Ministerio de Comunicación e Información, en los lineamientos que giró a los medios del Estado para responder a una “olla mediática internacional”.
Una de las descalificaciones la firmó Luigino Bracci Roa, en su artículo “Todos los periodistas detrás de los #PanamaPapers venezolanos son furibundamente opositores”, publicado en el portal Alba Ciudad, portal de la red de medios del Estado -adscrito al Ministerio de Cultura. Refirió que los medios digitales: “RunRunes, Armando.info, Efecto Cocuyo y El Pitazo, todos medios abiertamente opositores, para nada objetivos ni imparciales y acusados frecuentemente de ser financiados desde el exterior para atacar al gobierno venezolano” se encuentran “parcializados” al “limitar las denuncias a una determinada posición política” y “omitiendo a personajes del mundo empresarial, corporativo y político de Venezuela que estén ligados a la derecha”.
“Aunque en la mayoría de los países aparecen involucrados políticos, empresarios, banqueros, celebridades y personajes de todas las tendencias políticas, en Venezuela no es así: se busca limitar las denuncias a personajes del chavismo. Y no es casualidad: los periodistas que analizan los documentos venezolanos trabajan en los portales RunRunes, Armando.info, El Pitazo y Efecto Cocuyo, de marcada tendencia opositora”, argumentó Bracci.
“Según una nota de Efecto Cocuyo, los periodistas que analizan los documentos venezolanos son Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Deniz y Ronna Rísquez, bajo la coordinación de Joseph Poliszuk, editor de Armando.info, portal que se autodescribe como de periodismo de investigación, pero cuya tendencia es marcadamente anti-izquierda”, señaló la publicación.
Los portales digitales Aporrea, blog independiente, y los medios estatales Venezolana de Televisión y YVKE Radio Mundial igualmente se hicieron eco de la acusación al publicar en su web la información, con el crédito a Alba Ciudad, que también señaló: “algunos de estos medios son conocidos por la poca rigurosidad a la hora de verificar la información que publican, y por emitir columnas de chismes y rumores, casi siempre en contra del gobierno de Nicolás Maduro o de su predecesor, Hugo Chávez”.
En la nota, además de nombrar a los periodistas venezolanos vinculados en la investigación del caso emprendida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), mencionan al Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). Refiriendo declaraciones de Eva Golinger en las que acusa a IPYS de “recibir fondos multimillonarios para trabajar con medios de comunicación y diseñar mensajes y propaganda contra el gobierno venezolano”. Además de describir a la organización “como ente para atraer, reclutar y dar formación a nuevos comunicadores favorables a sus causas”.
Los portales oficialistas Misión Verdad y La Radio del Sur también difundieron mensajes de descrédito contra periodistas de investigación de medios digitales. Eve Rico, escribió sobre los “Objetivos y financistas de la operación Panamá Papers”, y argumentó que era “la mala y obvia versión venezolana”, al tiempo que descalificó a los periodistas que investigan a los Panamá Papers venezolanos al llamarlos “infomercenarios” encargados de “amoldar” la filtración de los datos al contexto venezolano.
A los periodistas Ewald Sharfenberg y Alfredo Meza los acusaban de ser “la base de la propaganda antivenezolana en Europa”. Mientras que a la periodista Laura Weffer la señalaron de “haber impuesto una constante intoxicación periodística respecto a casos como el de Tumeremo y el asesinato de policías en Venezuela”.
Otro sitio web de tendencia oficialista que publicó la información y horas después la desmontó fue La Iguana TV.
El portal web “Con el mazo dando”, programa televisivo transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal, también hizo referencia al caso Panamá Papers a través de una nota en la que se mencionan las organizaciones internacionales que presuntamente financiaron la investigación periodística, entre ellas nombran a IPYS Venezuela.
El abuso de poder se impone
El jueves 5 de abril de 2016, a través de un correo electrónico, el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) envió unos lineamientos a la red de medios públicos, un material “de lectura obligatoria” para el abordaje del caso de los Panamá Papers, en el que establecía mensajes clave que descalificaban a periodistas, medios, y organizaciones, ante la difusión de esta investigación mundial, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)“. El Minci difundió: ”1-A los medios oficiales se les recomienda realizar notas con las siguientes orientaciones:
1 A) Todos los actores que originan, difunden e investigan el Caso Panamá Papers tienen vinculaciones directas o indirectas con los servicios de inteligencia o ONG´s de EEUU.
A-1) En Venezuela TODOS los periodistas involucrados están ligados a instituciones financiadas por Ong´s estadounidenses (Instituto de Prensa y Sociedad). Estos periodistas tienen la función de difundir “noticias” sobre temas como “las violaciones a la Libertad de Expresión y Derechos Humanos” que son generadores de EXPEDIENTES en organismos internacionales contra el Gobierno Bolivariano.
1 B) El ataque se centra en líderes que no son serviles a los intereses de EEUU y usan como anzuelo a un mínimo porcentaje de líderes que en algún momento fueron aliados de EEUU y las trasnacionales capitalistas.
- C) Como una manera de atraer a grandes públicos se usa el nombre de Lionel Messi, Pedro Almodóvar y otras “estrellas”.
- D) Facilitar la información a sus usuarios realizando notas al estilo web: “8 claves para entender lo que está detrás de Papeles de Panamá”
El texto fue acompañado de un documento de fecha 4 de abril de 2016 dirigido a los medios de comunicación y en el que exponen un análisis en torno a la cobertura informativa del caso Papeles de Panamá y los periodistas venezolanos que participan en la investigación; además de una serie de “recomendaciones” entre las cuales destacan: “evitar impulsar el tema desde nuestros voceros y medios ante la posibilidad de ser un señuelo, y que tras validar su contenido se publiquen supuestos documentos de altos funcionarios del Gobierno Nacional que den justificación al actual intento de acrecentar la injerencia y sanciones desde la administración Obama, dejándonos sin margen de maniobra y juzgados ante la opinión pública”, entre otras que pueden ser leídas en el siguiente texto.
RECOMENDACIONES-PAPELES-DE-PANAMA-1.pdf
Panamá papers venezolanos
Entre los trabajos periodísticos publicados en panamapapersvenezuela.com se encuentran: “Javier Bertucci: el pastor que predica como importador”, por Katherine Pennacchio; “Cruz Weffer: el general chavista que desembarcó en un paraíso fiscal”, por Lisseth Boon; “Desiré Obadía, o cómo importar en masa sin hacerse notar bajo el chavismo”, por Ewald Sharfenberg; “Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza”, por César Batiz; “Pancho Pardo: el banquero peruano que triangula pasaportes bolivarianos”, por Joseph Poliszuk y Luisa García Tellez; “Los carros Chery son un negocio redondo para la familia Yammine”, por Roberto Deniz; “Pedro Torres Ciliberto: la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora”, por Ewald Sharfenberg; y “Gonzalo Tirado: un plan para esconder el dinero que captó como banquero”, por Ahiana Figueroa.
Desprestigio en Mazazos
Los portales informativos Caraota Digital, Sumarium, Efecto Cocuyo, El Pitazo y Runrunes, y organizaciones que velan por el cumplimiento de las garantías constitucionales sobre Libertad de Expresión en Venezuela, como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), fueron acusados de dar difusión a hechos de violencia perpetrados por presuntos grupos paramilitares, con el fin de establecer una matriz de opinión que represente el fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el Estado.
Así lo reseña una nota publicada en el portal web Con el mazo dando, el 5 de abril de 2016, titulado “El brazo mediático de las bandas armadas”, en la que también se asegura que estos grupos reciben financiamiento en dólares norteamericanos para cometer crímenes en Venezuela, y que algunos directivos y periodistas habrían actuado en complicidad para dar difusión a hechos, como “descuartizamientos, empalamientos, decapitaciones, incineraciones”, entre otros.
Las ONG también fueron acusadas de dirigir estos medios web venezolanos.
Los portales fueron acusados de difundir “propaganda de guerra”, a través de redes sociales, para atacar el gobierno venezolano, específicamente “el chavismo”. También se acusa a directivos de medios y periodistas de promocionar el tipo de mensajes que estas bandas desean difundir en la opinión pública para generar miedo entre los venezolanos.
“Es así pues que medios como Dolar Today, La Patilla y sus derivados, que fueron concebidos para el derrocamiento de la Revolución Bolivariana, en muchas ocasiones conocen la información de los casos de violencia antes que las autoridades, incluso, hay evidencia de casos que tienen la información antes que los hechos sucedan, esto los pone en una situación delicada dentro del problema de la violencia en el país”, señala el texto.
Los reporteros Jesús Medina Ezaine y Román Camacho, de Dólar Today y La Patilla, respectivamente, también fueron señalados por estar presuntamente involucrados en la planificación y proyección mediática de hechos violentos que conmocionaron el país. En el texto se vincula a Medina Ezaine con criminales que lideran el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, y organizan motines, y por otro lado, se asegura que Camacho manejaba información con relación a “la ejecución del Supervisor Jefe de la Policía de Caracas, Larry Morillo, antes que ocurriera el hecho”.
Estos hechos que atentan contra los derechos a la libertad de expresión y a la información se enmarcan en el uso abusivo del poder estatal y se encuentran vinculados a una campaña de agravio promovida por medios afines al oficialismo, así como también a declaraciones agraviantes contra periodistas y sitios web informativos por parte de autoridades públicas a través de un medio estatal y medios de tendencia oficialista.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de expresión sin que pueda establecerse censura.
Las declaraciones agraviantes con fines intimidatorios, así como las presiones directas o indirectas, que pretenden silenciar la labor de los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión, de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
