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La constituyente comenzó con cercos en el parlamento y abusos de poder

Abusos de poder, cierre de emisoras, agresiones y limitaciones para cubrir los asuntos parlamentarios marcaron los 14 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela que ocurrieron luego de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, un nueva instancia al margen de la Constitución Nacional. Estos hechos ocurrieron los primeros 10 días de agosto, en los que hubo una actuación indiscriminada por las fuerzas del Estado

Las detenciones, agresiones y amenazas fueron una recurrencia para los cuerpos de seguridad del Estado en distintos estados del país. Con un régimen de presentación cada ocho meses, salió en libertad condicional el equipo de prensa de la Gobernación de Miranda luego de haber sido detenido arbitrariamente en Los Teques, en las adyacencias de Caracas, cuando cubrían una protesta de trabajadores de la misma entidad que reclamaban las asignaciones del presupuesto nacional, el 7 de agosto de 2017.

Periodista Oscaremys Bello, detenida arbitrariamente por cubrir una protesta de empleados del Gobierno de Miranda

La periodista Oscaremys Bello junto con Rina Díaz y Lorena Delgado duraron dos días detenidas en un destacamento militar y el 9 de agosto fueron presentadas en los tribunales. Con ellas también detuvieron Jaika Carpio, pero fue dejada en libertad la misma noche por deficiencias en sus condiciones de salud, de acuerdo a lo que informó Ana María Fernández, jefa de prensa del Gobierno de Miranda.

Este caso completa un saldo de 35 detenciones arbitrarias contra equipos reporteriles durante el contexto de protestas que se han extendido en Venezuela en los últimos cuatro meses.

El abuso militar también se dejó sentir el 6 de agosto, en el estado Carabobo, cuando los periodistas estaban cubriendo los hechos irregulares y las protestas que ocurrieron en el fuerte Paramacay, en Valencia, y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atacaron los vehículos de tres reporteros.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la avenida Carabobo. Los funcionarios entraron a la urbanización La Granja, empezaron a reprimir a los manifestantes y le rompieron los vidrios y los cauchos de los carros estacionados en el lugar, en los que se movilizaban Juan Carlos Hernández, fotógrafo para medios internacionales;  Kristian Rodríguez, corresponsal de TV Venezuela; y Luis Natera, reportero de Radio Fe y Alegría.

Cuando llegaba al lugar de los acontecimientos, cerca de las 8 de la mañana, Randolfo Blanco, corresponsal de Venevisión fue apuntado con armas largas, por funcionarios de la guardia, quienes lo amenazaron y le dijeron que si les tomaba fotografías le iban a disparar. En la tarde, a Carlos Díaz, reportero de la televisora digital Venezolanos por la Información (VPI) recibió amenazas de militares que le intentaron quitar los equipos de transmisión.

Ese domingo se registró una toma de funcionarios militares,  en el fuerte militar, presuntamente, con la intención de robar armas de guerra. Los vecinos del lugar salieron a protestar ante estos hechos y fueron reprimidos. Durante los conflictos de calle fue asesinado un militante de partidos de oposición.

 

Mientras tanto, Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno; y Gabriela Aguilar, reportera de El Pitazo en Maracay, fueron amedrentadas por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 9 de agosto, cuando cubrían los reclamos de funcionarios del cuerpo de bomberos del estado Aragua. Los funcionarios pretendían quitarles los teléfonos, pues las reporteras habían tomado una fotografía desde la calle. El hecho ocurrió cuando supuestamente el Sebin había tomado la sede bomberil.

Media hora antes, trabajadores de rescate habían convocado a todos los medios de la ciudad para denunciar la “crítica situación” laboral, relató Gregoria Díaz, quien aparte de su labor reporteril es corresponsal de IPYS Venezuela en esa ciudad. Cuando Alexis Requiz, uno de los funcionarios de la institución expresaba sus exigencias ante los medios de comunicación, su superior le pidió a los equipos de prensa que desalojaran el lugar.

Reporteros de varios medios señalaron que desde la gobernación llamaron a los medios para prohibir que reseñaran esta denuncia. En las ediciones impresas, del 10 de agosto, solo El Siglo, diario local, publicó esta información. Los diarios El Periodiquito, El Clarín y  El Aragüeño, prefirieron omitir la noticia.

Fotos cortesía Gregoria Díaz

 

Parlamento clausurado

Luego de un año de apertura en la fuente parlamentaria, volvieron las obstrucciones a los equipos reporteriles en la Asamblea Nacional, luego de que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano paralelo constituido con el aval del Presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, y el Consejo Nacional Electoral.

En tres ocasiones de la última semana se presentaron incidentes contra equipos reporteriles. El viernes 4 de agosto, durante el acto oficial de instalación del parlamento comunal, funcionarios de seguridad solo dejaron entrar por dos minutos a fotógrafos y camarógrafos al Palacio Federal Legislativo, donde se realizó el evento. A los periodistas los dejaron confinados en un toldo fuera del lugar de sesiones, y los pusieron a ver la alocución a través de pantallas de televisión.

En los alrededores se encontraban simpatizantes oficialistas que gritaban a la prensa “palangristas, asesinos, malditos”, de acuerdo a lo que relataron periodistas a IPYS Venezuela.

El equipo de la televisora VPI, integrado por Luis Gonzalo, reportero, y José Luis Polanco, camarógrafo, también tuvo limitaciones el 7 de agosto. La guardia les dijo que no podían entrar al Parlamento por supuestas “órdenes superiores”, contó Adriana Salazar Salas, jefa de prensa de la televisora.

El 8 de agosto se presentó un nuevo incidente, en el momento en que personas identificadas como colectivos y simpatizantes oficialistas obligaron a un grupo de 20 reporteros a quitarse los chalecos antibalas, y les decían que en Venezuela “no había una guerra”, relató Carmen Andrea Rengifo, corresponsal de RCN, canal colombiano, y presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera.

Según el Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, 133 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en manifestaciones y al menos 4000 heridos se han registrado.

Entre 2009 y 2015, bajo la gestión dominada por el partido de gobierno, fueron recurrentes obstrucciones similares en la Asamblea Nacional. El bloque oficial ordenó varias prohibiciones, hasta la modificación del reglamento de interior y debate para evitar que la prensa cubriera las noticias desde el hemiciclo.

Colectivos y simpatizantes oficialistas obligaron a un grupo de 20 reporteros a quitarse los chalecos de prensa, y les decían que en Venezuela “no había una guerra”.

En el blanco

Dos periodistas resultaron afectadas por la acción represiva de los militares en Caracas. El 6 de agosto Marinés Baptista, reportera Caraota Digital, recibió un impacto de perdigón  en la pierna, cuando cubría un trancazo en la autopista Prados del Este, al sureste de la ciudad. La guardia empezó a reprimir a los manifestantes, se acercaron hasta donde estaba tres equipos de prensa y le dispararon de cerca, relató la periodista, a quien le quedó alojado un perdigón en la pierna. “Si no se van les vamos a quemar el culo”, le decían los funcionarios a Baptista y a Adriana Núñez Rabascall, corresponsal de Telemundo.

Mildred Manrique, reportera de TelecuentoNews, también, resultó herida, durante la cobertura del trancazo el 8 de agosto, en Altamira. Al mediodía, policías reprimieron a los manifestantes y una bomba lacrimógena le impactó la  pierna, lo que le ocasionó una herida.

Estos patrones contra los equipos reporteriles, justamente elevaron las preocupaciones de Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela. El 8 de agosto, Consejo de Derechos Humanos denunció que los periodistas en el país han sido restringidos para ejercer su labor informativa por la actuación irregular de la fuerzas de seguridad. “Periodistas han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de periodistas. En varias ocasiones han sido detenidos, amenazados y despojados de sus equipos”, alertó el organismo.  

Cierre de emisoras

Agosto llegó con censura a Táchira. En este estado prohibieron la difusión de tres programas de corte político del canal local TVCT. Desde el 1 de agosto quedaron fuera del aire espacios en los que se debatían asuntos políticos y económicos del país. Uno de los programas afectados fue La Entrevista moderado por el periodista Miguel Ángel Rodríguez y que se transmitía de lunes a viernes a las seis de la tarde. Otro de los espacios fue Frente a frente, moderado por Jesús Vivas Terán, Darío Lozano y Guillermo Colmenares; al igual el programa Debate político, moderado por el diputado Juan Carlos Palencia.

Juan Carlos Palencia denunció a IPYS Venezuela que la gerencia del canal le informó que por las presiones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las multas que había recibido el canal, la televisora decidió suspender los programas hasta nuevo aviso.

En estos mismos días ocurrió un cambio en la dirección de Conatel. El cargo lo asumió Jorge Márquez, la tercera autoridad del organismo de telecomunicaciones del país que asume esta institución en los últimos 10 meses.

Conatel no ofreció mayores detalles de la salida de Enrique Quintana, quien duró dos meses en el cargo.

Amenazas oficiales

Las dos máximas autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, aprovecharon sus espacios televisivos para dirigir amenazas contra la libertad de expresión. El Presidente de la República, en su programa semanal del 7 de agosto, aprovechó para enviar una advertencia que afecta la expresión en redes sociales. Amenazó con llevar a la cárcel por 30 años a quienes publiquen mensajes en Twitter, que el gobierno considere sensibles. “En Twitter, se volvieron locos”, dijo Nicolás Maduro.  

Diosdado Cabello, también diputado de la ANC, aprovechó su programa Con el mazo dando, del 9 de agosto, para amedrentar a los empresarios de los medios. Les advirtió que no se sintieran dueños del espectro radioeléctrico, en un tono soez como una medida de presión hacia el manejo de sus líneas editoriales que puedan resultar incómodas para el gobierno. También dijo que el parlamento comunal trabajará en la revisión de las concesiones.  

Cabello: “Lo que le han hecho al país los dueños de medios, televisoras, periódicos, pareciera que eso no tiene perdón de Dios” advirtió al tiempo que les dijo que los representantes de los medios que “cuando les estén tocando la puerta, le van a reclamar eso, porque no han contribuido a la paz del país”.

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