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Militares apuntaron y despojaron de cámara a periodistas

  • Retención de equipo obstruyó cubrimiento noticioso

 Miguel Cardoza/Ipys Venezuela
Funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, amedrentaron a los periodistas Paola Belis y Daniel Mellado del diario El Clarín, durante una protesta de estudiantes universitarios por el aumento del pasaje, en la avenida Interindustrial de La Victoria, municipio Ribas del estado Aragua, que terminó con la quema de un autobús.

Estudiantes quemaron un autobús y repartieron volantes. Foto @lavickky

Los hechos se presentaron pasadas las 9 de la mañana del martes 17 de enero, cuando los reporteros llegaron a cubrir la manifestación.

Debido a que se generó un enfrentamiento entre efectivos militares y estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua Federico Brito (Upta), los comunicadores quedaron en medio del enfrentamiento y corrieron hacia donde estaban oficiales de la Policía de Aragua, para protegerse. Mientras se desplazaban fueron interceptados por varios GNB, quienes los apuntaron y los obligaron a entregar la cámara.

Posteriormente, los periodistas quedaron a salvo, sin embargo, no les devolvieron el equipo hasta una hora después, previa mediación con un funcionario del cuerpo castrense.

La retención del instrumento de trabajo impidió la cobertura -con imágenes- de los hechos, lo que constituye un obstáculo al ejercicio profesional, sumado al acto de intimidación con arma de fuego.

Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a limitaciones de acceso a la cobertura de calle sobre asuntos de interés público por hostilidad del gobierno, y un ataque contra las herramientas de trabajo.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.

El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura o cualquier presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.

Además, su numeral 9 señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.

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