IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Luego de casi dos años de oscurantismo oficial, la ministra de salud, Antonieta Caporale, publica cifras epidemiológicas. Al día siguiente es destituida de su cargo.
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Los documentos revelan que en el año 2016 la mortalidad infantil aumentó 30% y la mortalidad materna 66% en relación al 2015 y existió una “epidemia” de malaria
Esta semana el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) publicó en su portal web los 52 boletines del año 2016 y los 26 reportes pendientes del último semestre del año 2015. La información que ahora pasó a ser de dominio público corroboró las denuncias sobre un retroceso general de la situación sanitaria.
Los boletines indican un repunte en las muertes infantiles y maternas, y un aumento de 76% en los casos de malaria en comparación con 2015. Con 240.613 nuevos casos la malaria pasó a ser considerada una “epidemia” en la documentación oficial. El estado Bolívar fue el de mayor incidencia.
El boletín n°52, correspondiente a la última semana del año y, que resume la situación sanitaria del 2016, reportó un incremento de 30% de la mortalidad infantil. Ese porcentaje significa que en el país murieron 11.466 neonatos.
La mortalidad materna incrementó 66% en relación al año 2015. Los datos hablan de 756 madres fallecidas entre los 26 y los 36 años, la mayoría de las muertes causadas por hemorragias, hipertensión inducida por el embarazo, infecciones y enfermedades parasitarias.
Estas muertes ocurrieron en un período de escasez de medicinas y un déficit en el sistema público de salud que comprometió la salud y vida de la población y llevó a la Asamblea Nacional a declarar a principios del 2016 una “crisis humanitaria de salud”.
Luego de un día de la publicación de estos datos, el 9 de mayo, la ministra de salud, Antonieta Caparole, fue removida del cargo. Caporale, quien asumió en enero, será sustituida por el secretario de salud del estado Aragua, Luis Salerfi López Chejade.
La opacidad y el mutismo socavaron los cimientos de las instituciones democráticas e impusieron el no saber como la norma denunció IPYS Venezuela recientemente en el Estudio Censura y Autocensura 2016.
Ocho de cada 10 periodistas consultados por esta organización reportaron que el secretismo con el que actúa el Estado es el principal obstáculo para el ejercicio del periodismo en el país.
Esta escasez de información imperó sobre todo en la fuente de salud, como lo reflejó esta semana la aparición -no oportuna- de los boletines epidemiológicos de los años 2015 y 2016. Los datos de los primeros meses del 2017 aún no han sido liberados por el ejecutivo.
A propósito, 74% de los periodistas que participaron en la investigación de censura indicaron que los organismos de salud pública estuvieron en 2016 entre las principales instituciones que ocultan datos de carácter público. Al menos 45% de ellos tuvieron obstáculos con alta frecuencia para hacer su labor periodística en centros de asistencia médica en el país.
En el país los ciudadanos caminan con los ojos vendados, desconocen aspectos a los que tienen -por ley- derecho a saber y datos sobre temas medulares como economía, salud, seguridad, justicia y educación que les permitan planificar sus vidas, en familia y sociedad, sobre certezas; y a las autoridades elaborar políticas públicas a partir de realidades estadísticas.
El Estado venezolano tiene la obligación de establecer mecanismos de transparencia; así como el desarrollo de programas para la difusión adecuada y oportuna de información pública. IPYS Venezuela exhorta a las autoridades a asumir posturas que incentiven la probidad en la gestión de lo público, y a la Asamblea Nacional a retomar la agenda para la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
