IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Maturín 29.01.2016.- La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, acusó a los medios impresos de la entidad de “hacerle un daño a los maturineses”, por publicar el informe de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en el cual se aseguró que Maturín fue la quinta ciudad más violenta del mundo durante 2015.
En su programa de radio semanal, la también vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela por el oriente del país, dijo el jueves 28 de enero que tanto la información de la ONG como su difusión a través de las redes sociales y al menos dos periódicos regionales, constituían un “acto irresponsable de algunos medios de comunicación”.
No conforme con su declaración, la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación de Monagas, emitió un boletín de prensa en el que recogieron los señalamientos de Santaella: “El único objetivo de los medios de comunicación de la derecha es económico, utilizando el amarillismo para vender más periódicos, por lo que pido respeto para el pueblo de Monagas”.
La mandataria regional calificó a la ONG mexicana de ser una fuente “poco confiable”, por afirmar que en 2015 la capital monaguense, ubicada a 500 kilómetros al este de Caracas, fue la quinta ciudad con la mayor tasa de homicidios en el mundo y la segunda de Venezuela, con 86,45 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Para Santaella, los medios de comunicación en el país deben “aportar su granito de arena por la seguridad, educando y formando al pueblo”.
El informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal tomó como referencia para su ranking, las cifras aportadas por los medios de comunicación en el país y el ingreso de cadáveres a las diferentes morgues en cada ciudad venezolana objeto del estudio.
“No cabe duda de que si tuviéramos cifras oficiales replicables y confiables, sería mejor. Pero ante la falta de transparencia, y para no omitir el dolor que sufren los venezolanos, acudimos a un método que hemos usado en otras ciudad en Guatemala y Honduras, donde logramos presionar a los gobiernos para que publicaran cifras”, dijo el presidente del Consejo, José Antonio Ortega, en el portal de esta organización.
En Monagas desde el 29 de mayo de 2015, las autoridades regionales prohibieron a los periodistas de la fuente de sucesos el acceso al libro de ingresos de emergencias del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” de Maturín, en donde los comunicadores obtenían cifras semioficiales sobre el número de muertes violentas y heridos en la entidad.
Esta acción ordenada por el secretario de Seguridad Ciudadana del Ejecutivo de Santaella, no se ha levantado; por el contrario ya cumple ocho meses y pese a la solicitud del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Monagas-Delta Amacuro de levantar esta restricción, las autoridades han hecho caso omiso a los llamados del gremio periodístico.
Las acusaciones de la gobernadora de Monagas son una alerta a la libertad de expresión que constituye un uso abusivo del poder estatal, vinculado a un discurso intimidatorio contra dueños y directivos de medios de información.
Según los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, y a estar informados sobre hechos que sean de su interés, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
El documento oficial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 garantiza el derecho de los ciudadanos a la libertad de opinión y expresión sin ser molestado a causa de sus opiniones, así como de difundirlas mediante cualquier medio de expresión, sin limitación de fronteras.
