IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 3 de julio de 2015, el programa “Claro y sin rodeos” que conducía el periodista Darling Durán, a través de la emisora Rumbera 89.5 FM en Maturín, fue sacado del aire en plena transmisión por órdenes de la directiva de la empresa.
Durán contó a IPYS Venezuela que, como todos los días y desde hacía tres meses, llegó a la sede de la emisora en Maturín, y a las 6:30 de la mañana inició su programa de corte noticioso y de opinión. Sin embargo 15 minutos después de estar al aire, recibió una orden de la coordinación de la estación, en la que le prohibieron seguir hablando.
Explicó que la medida fue una represalia ordenada por la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación de Monagas, dependencia del Ejecutivo regional, a la que criticó el jueves 2 de julio, por los continuos malos tratos de los que son objeto los periodistas que cubren los actos públicos de la gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella.
“El problema es el maltrato, que no es físico sino de atención, de relaciones públicas, incluso de parte de los escoltas de la gobernadora. Siempre nos vemos en cada evento con la gobernadora y siempre es un lío para entrar, porque estos mismos escoltas te preguntan quién eres tú”, dijo Durán.
Resaltó que lo ocurrido el miércoles primero de julio con el acto del ministro de Salud, Henry Ventura, fue una orden dada por Santaella, quien mandó a que sacaran a los periodistas del acto al que los convocó el mismo equipo de prensa de la gobernadora; acción que denunció un día después en su programa radial.
“Denuncié el maltrato de la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación que ha sido generalizado, porque siempre hay fallas en organización y convocatorias a actos, en la logística porque no hay una atención acorde al trabajo profesional que realizamos los periodistas y pocos se atreven a hacer públicas estas quejas”, agregó.
Durán añadió que el mismo jueves después de culminar “Claro y sin rodeos”, recibió un correo de la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación, en la que le informaban el cese del patrocinio a su programa radial, cuando incluso no tenía cuñas en su espacio de esta dependencia o del Gobierno regional.
“Es mentira que la Dirección de Comunicaciones me patrocinara, simplemente hicieron eso para tomar represalias y tratar de doblegarme… La impotencia y rabia que tengo es porque dejo una audiencia que está reclamando, no voy a poder a estar allí; da tristeza porque la gente no tendrá esa ventana para expresarse, donde reclamaba y daba propuestas a sus problemas”, comentó.
Este es el segundo caso del año 2015 en Maturín (capital de Monagas), ciudad ubicada a 500 kilómetros de Caracas al este del país, en la que un periodista es obligado a dejar su programa de radio, tanto por presiones gubernamentales, como por decisión de los dueños de las emisoras de radio.
El primero fue el de Héctor Caldera, a quien cesaron el miércoles 4 de febrero, de la emisora Total 92.7 FM, en donde por tres años condujo “Actualidad Informativa”, porque el dueño de esta empresa no quería que se mencionara el nombre ni el encarcelamiento del exalcalde de Maturín, Numa Rojas, en su radio.
El caso de Durán constituye una censura interna de poderes no estatales.
