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Poder electoral dictó una medida de censura previa

El 19 de noviembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano del Poder Electoral, dio inicio a un procedimiento  administrativo en contra de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) por presuntamente violar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a través de una campaña que “pretende promover la violencia y desconocer las instituciones del Estado”. Esta decisión estuvo acompañada por una medida de censura previa.

La orden implica “el retiro de las piezas pautadas a la fecha y la imposibilidad de hacer nuevas pautas relacionadas con propaganda política y electoral vinculadas a las elecciones del 6 de diciembre por parte de ONGs o de organizaciones políticas que no inscribieron candidatos”, señaló el CNE a través de un comunicado oficial.

El poder electoral no especificó el delito en el que supuestamente incurrieron estas organizaciones. Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE, aseguró que las campañas promovidas por la UCAB y Cavidea pretenden desconocer las instituciones del Estado. Alegó que esta decisión se sustenta en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sin embargo,  de acuerdo al análisis de IPYS Venezuela esta disposición no establece infracciones sino que se refiere a los principios que deben guiar las acciones de generación de contenido de los candidatos y organizaciones políticas durante la campaña electoral. Entre ellos, justamente, se encuentra la garantía de un proceso de “comunicación e información libre, diversa, plural, veraz y oportuna”.

Las piezas audiovisuales electorales, que fueron atribuidas a la UCAB, se encuentran en el canal Youtube de PolítiKa Ucab. Esta es una publicación electrónica adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.  Cada pieza audiovisual, de 31 segundos exactamente, recrea escenas de venezolanos que relatan situaciones que se viven actualmente en el país, con el fin de incentivar el derecho al voto.

 

 

 

 

Para el momento de la elaboración y publicación de esta alerta, IPYS Venezuela no pudo contactar a representantes de Cavidea.

Oblitas informó, además, que el inicio del procedimiento administrativo fue remitido a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), órgano que regula las telecomunicaciones en el país. IPYS Venezuela muestra su preocupación por esta acción que puede promover otro tipo de investigaciones civiles y judiciales, que no están establecidas en la legislación electoral de Venezuela.

El CNE también consideró que la UCAB y Cavidea presuntamente infringieron  el artículo 7 de las Normas de Campaña Electoral para las Elecciones Parlamentarias de la Asamblea Nacional 2015, “que prohíbe la contratación, publicación y difusión de propaganda de contenido político y/o electoral por parte de personas distintas o no autorizadas conforme a lo dispuesto  en la Ley y las presentes normas”.

La vicepresidenta del CNE indicó que las autoridades electorales harán un llamado a los medios de difusión de manera que promuevan “un equilibrio en la cobertura periodística en la campaña electoral”. “En este sentido, queremos recordarle  que en Venezuela tenemos plena libertad de expresión y no existe la censura previa”, dijo Oblitas. Sin embargo, estas acciones del poder electoral sí configuran una medida de censura previa y vulneran los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a acciones administrativas y una medida de censura.

IPYS Venezuela expresa su preocupación por esta acción de censura emprendida por parte del Consejo Nacional Electoral, así como también las presiones directas e indirectas  que ejercen las autoridades de este organismo en contra de los medios de comunicación que podrían condicionar el ejercicio informativo pleno, plural e independiente.

Se hará seguimiento.

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