IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El viernes 27 de mayo de 2016, la periodista Albany Brazón, quien cubre la fuente de salud en el periódico El Tiempo de Puerto La Cruz, fue retenida y hostigada por un funcionario militar y por el director del hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) Dr. Domingo Guzmán Lander de Las Garzas, en Barcelona.
Contó la comunicadora que se encontraba en el lugar cubriendo la situación de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis. “En ese instante fui atacada por un ‘funcionario de seguridad’, quien quiso quitarme las declaraciones y mi celular, dijo que no tenía autorización de estar en el lugar haciendo mi trabajo y sirviendo a quienes a diario nos necesitan como periodistas. Él junto a un Guardia Nacional quisieron retenerme en el recinto de salud a la fuerza y trasladarme a otro lugar, al que me negué a ir para evitar que me sucediera algo peor”.
Brazón intentó comunicarse con el director del hospital, José Zurbarán, quien hizo el mismo reclamo que el funcionario. Le afirmó que no tenía por qué estar en el sitio sin autorización. Además señaló que: “Este hospital es mío, porque soy yo quien lo administra”.
El reportero gráfico Lenín Núñez también fue conminado a borrar las gráficas que había hecho para ilustrar la información de las deficiencias en la Unidad de Hemodiálisis del hospital.
El Tiempo publicó en su edición del 28 de mayo una información sobre el hecho, lo que originó que el doctor Zurbarán solicitara un “derecho a réplica” e hizo recorrido a equipo reporteril para constatar funcionamiento del área.
El hecho impidió la cobertura inicial del reclamo de los afectados en la Unidad de Hemodiálisis; además, se intentó perjudicar los bienes de la periodista, así como también hubo un abuso en las funciones de los cuerpos de seguridad y del director del hospital al querer dejar retenida arbitrariamente a la comunicadora.
Basados en la normativa nacional, los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizan el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
El numeral 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información que sea de interés público; de igual manera, el numeral 4 establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información de interés público bajo su poder. El numeral 9, por su parte, señala que los hechos de intimidación, amenaza y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
