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Periodistas fueron agredidos por comerciantes informales

Keren Torres Bravo.

El desalojo de comerciantes informales en el centro de Barquisimeto se convirtió el jueves 11 de agosto de 2016, a las 10:30 de la mañana, en la escena para una nueva agresión a periodistas y camarógrafos de la entidad.

Fotos: Cortesía Marco Chaviel
Fotos: Cortesía Marco Chaviel

Los camarógrafos de los canales Telecentro y V+Tv grababan el momento cuando los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuerpo de seguridad del Estado, y de la Dirección de Abastecimiento de la Alcaldía de Iribarren dialogaban con los buhoneros.

Los comerciantes informales se ofuscaron y se abalanzaron sobre los camarógrafos. Los periodistas María Luisa Martínez y Marco Antonio Chaviel se acercaron para interceder por sus compañeros de labores, pero un grupo de personas comenzaron a golpearlos.

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Martínez: “Me gritaban “sapa”, que por culpa de nosotros [los periodistas], los querían desalojar. Me rasguñaron el rostro, me golpearon, me halaron el cabello, mis lentes me los quitaron y me los partieron. Un señor que no conozco fue quien pudo ayudarme a salir de la multitud. Querían lincharme”.

Comentó que intentaron robarle el celular, y al camarógrafo la billetera. El micrófono del canal se lo llevaron.

Periodistas de otros medios de comunicación locales, e incluso de la Alcaldía del municipio Iribarren, también fueron agredidos, con menor intensidad, sin embargo, esto influyó en la imposibilidad de hacer el trabajo debido a la amenaza de los informales.

“Alrededor del sitio se encontraban policías municipales y funcionarios del Cicpc, pero ninguno impidió las agresiones en contra de nosotros. Aunque conocemos el riesgo de la profesión, rechazamos el salvajismo con que fuimos tratados y la forma pasiva en que actuaron las autoridades que debían resguardar la seguridad”, explicó Martínez.

La periodista de Telecentro explicó que la inspección se realizaba porque en la sede del Cicpc habían recibido múltiples denuncias sobre teléfonos robados y computadoras Canaimas que vendían en partes o completos en los alrededores del centro comercial Cosmos, al centro de Barquisimeto.

“La mayoría de las mujeres se encargan de colocar breakers en los dientes, y ellas también fueron desalojadas. Les quitaron los banquitos donde trabajan y se enfurecieron”, aclaró Martínez.

Marco Antonio Chaviel, periodista del canal V+Tv, fue quien también recibió golpes y empujones por la multitud, aunque en menor intensidad porque logró zafarse y refugiarse en un comercio cercano.

El reportero gráfico del Diario El Impulso, Daniel Arrieta, y la periodista Mariángel Massiah, llegaron luego de las agresiones, y los funcionarios del Cicpc les advirtieron que no tomaran fotos y que escondieran las credenciales que los identificaban.

“Apenas pude hacer una gráfica, porque la multitud empezó a gritar y a amenazarnos”, indicó Arrieta.

El 11 de agosto de 2016. IPYS Venezuela registró un robo y una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público vinculada a agresiones físicas en los estado Aragua y Falcón, respectivamente.

Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en una limitación de acceso a la cobertura de interés público por hostilidad de grupos sociales en la calle vinculado a agresiones física y ataques contra las herramientas de trabajo.

Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.

Cabe destacar que el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresiónde la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida con la ley.

Los hechos de intimidación, amenaza, y agresión a los comunicadores sociales, así como la destrucción de sus materiales de trabajo, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan gravemente la libertad de expresión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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