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Pintaron consignas ofensivas en televisora de Guasdualito

Seguidores del oficialismo atacaron la sede de la televisora independiente HCTV, ubicada en Guasdualito, municipio Páez del Alto Apure

Miguel Cardoza/Equipo IPYS Venezuela.

Un grupo de personas se acercó hasta el canal en horas de la madrugada del jueves el 1 de septiembre y plasmaron consignas ofensivas en la fachada, cuestionando la labor informativa, así como profiriendo insultos.

El presidente del medio de comunicación, Rubén Gómez, aseguró que no será con este tipo de acciones que los van a callar.

“Estos métodos de pintar consigna en la oscuridad de la noche son terroristas, fascistas, esto lo utilizó Hitler contra los Judíos, así como todos los grandes dictadores del mundo para infundir miedo y terror a un pueblo (…) Pero no van silenciar este medio de comunicación que siempre ha estado abierto a todas las opiniones, vengan de donde vengan, de cualquier color político, raza o credo religioso, nunca se le ha negado espacio a nadie, para que exprese su opinión sin importar a quien o quienes va dirigida”, expresó Gómez.

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Esta práctica es común en la zona, pese a que con mayor frecuencia se concreta en sedes de partidos políticos opositores.

Este hecho representa un ataque contra sede de medios con fines intimidatorios. Entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2016, IPYS Venezuela registra 21 ataques contra sedes de medios de comunicación. Esta cifra comprende 10 casos vinculados a cierres, suspensiones e incautaciones de medios, 9 daños leves y 2 daños graves contra sedes de medios.

Se hará seguimiento.

El derecho a la libre expresión e información se encuentra consagrado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se establecen que todas las personas tienen derecho a la información libre, plural y sin censura.

El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.

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