IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 2 de diciembre de 2015, un efectivo de la Fuerza Armada Nacional ordenó a la periodista Bianile Rivas, corresponsal del portal web El Pitazo en el estado Portuguesa, que desalojara un plantel educativo donde se llevaba a cabo la toma del Plan República para las elecciones parlamentarias, alegando que la instalación era un “acto privado”. Además, el funcionario solicitó a la comunicadora social que le mostrara su teléfono celular para verificar si lo había grabado.
Rivas relató a IPYS Venezuela que desde tempranas horas de la mañana estuvo monitoreando el despliegue del Plan República en las instituciones educativas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) seleccionó como centros de votación. No tuvo ningún problema hasta que llegó al Colegio Católico San José, ubicado en la ciudad de Guanare, donde un militar, al percatarse de que se trataba de una comunicadora social, le conminó a retirarse del recinto comicial.
“No te puedes quedar porque es un acto privado, me dijo. El día de las elecciones te hago pasar de primera, pero no puedes estar aquí. Después me pidió que le mostrara mi teléfono para ver si lo estaba grabando, y yo le respondí que el teléfono era mío y no tenía por qué mostrárselo”, explicó la periodista. “La única autorización de los medios es para cubrir el día de las elecciones”, le recalcó el efectivo castrense.
Minutos después, la corresponsal de El Pitazo accedió a abandonar el lugar no sin antes presentarle al uniformado los documentos que la identificaban como periodista y reiterarle que ella estaba cumpliendo con su trabajo.
Esta alerta a la libertad de expresión es un uso abusivo del poder estatal vinculado a la función de las fuerzas militares con el fin de limitar la labor informativa de los comunicadores sociales.
