IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La medida forma parte de la demanda por difamación agravada continuada introducida por el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, el 14 de octubre pasado.
Los miembros del Consejo Editorial del diario El Nuevo País, Graciela Requena y Jurate Rosales, el periodista, Camilo Rey Luna, y el supervisor general, Luis Camacho, tuvieron conocimiento de una medida de prohibición de salida del país en la tarde del lunes 24 de octubre de 2016, diez días después que Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ministro de petróleo y minería, introdujera una querella ante el Ministerio Publico en contra del periódico, luego de la publicación parcial de un informe de la agencia de noticias internacional Bloomberg. La prohibición también incluye al editor, Rafael Poleo, quien se encuentra fuera del país.
La demanda
El diario de El Nuevo País reprodujo, el sábado 8 de octubre, de manera parcial un informe de la agencia de noticias Bloomberg sobre el manejo de los bonos de PDVSA, así como la situación de su filial en Estados Unidos de América, Citgo Petroleum Corporation, de la cual se presume existe una venta parcial de sus acciones para mantener el pago de los bonos. En horas de la tarde, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sugirió a Del Pino que habría que tomar acciones en contra de un diario de circulación nacional que estaba cometiendo injurias y difamando el nombre de la estatal PDVSA.
Paralelamente, el diario alertó, a través de su cuenta oficial de Twitter, sobre la intención del Ejecutivo de realizar acciones legales en su contra. Para ese momento, la cuenta de Twitter de Marcos Morín, el director adjunto del diario, fue hackeada por simpatizantes oficialistas.
IPYS Venezuela contactó directamente con Marcos Morín, quien confirmó que su cuenta fue intervenida por más de cinco horas. Los agresores publicaron mensajes en los que acusaron al medio impreso de recibir financiamiento de los Estados Unidos (EE UU). Posteriormente, el director pudo recuperar el control de su cuenta sin mayores inconvenientes.
Seis días después, la demanda fue consignada ante el Ministerio Publico de parte de Eulogio Del Pino. “Venimos a hacer una acusación privada, una querella por difamación e injuria agravada y continuada contra PDVSA… Es completamente falso lo que ha dicho El Nuevo País sobre PDVSA”, aseveró Del Pino en una alocución por VTV.
En un comunicado que el diario publicó sobre la demanda se asegura que la querella interpuesta contra El Nuevo País no se debe a la reproducción parcial del reporte de Bloomberg sino a que el diario mantiene una línea editorial que da espacio a la pluralidad de voces.
“En ese sentido, mantendremos nuestra línea editorial de denunciar los intentos de salvar a un proyecto político a costa de entregar a una empresa que no es del madurismo sino de todos los venezolanos. No nos cansaremos de preguntarnos por qué el Gobierno debe recurrir a oscuras operaciones financieras que ponen en riesgo el patrimonio nacional si nuestra PDVSA cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo y recibió en los últimos quince años unos ingresos soñados”, refiere el texto.
IPYS Venezuela corroboró con Morín que a los miembros del Consejo Editorial se les prohibió salir del país, diez días después de que fuese consignada la querella ante el Ministerio Público.
Libertad de expresión.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una acción legal contra periodistas y un medio de comunicación por la reproducción parcial de información de terceros.
En su informe anual de 1999, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reivindica la doctrina del Reporte fiel al señalar que:
“La reproducción de información de terceros no da lugar a responsabilidad, en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.
“La publicidad de información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Indudablemente esto implicaría una restricción innecesaria que limita considerablemente el derecho de todas las personas a estar informado”.
Basados en la normativa nacional, el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
IPYS Venezuela contabiliza en su registro histórico (2002-2016) 71 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación en el país. De este número, 31 se deben a delitos por difamación e injuria establecidos en el Código Penal Venezolano.
Al menos 41 personas naturales han sido demandadas por delitos de difamación e injuria, y 22 (más de 50%) corresponde a la demanda de Diosdado Cabello por el presunto delito de difamación agravada continuada contra editores y miembros de la junta directiva de los impresos El Nacional y Tal Cual, y el portal digital, La Patilla, luego de la reproducción de la información publicada en el diario ABC, el 27 de enero de 2015.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, recomendó a Venezuela “promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático”.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su numeral 11 que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y por esta razón las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Su numeral 10 establece que en caso de corroborarse la intención del comunicador en infligir daño a partir de la difusión de información falsa, las penas vinculadas a los delitos que atenten contra el honor y la reputación de las personas deben aplicarse a través de sanciones civiles, como el pago de una multa proporcional al daño causado.
Se hará seguimiento.
