IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Los comunicadores no lograron recuperar los teléfonos con los que registraban imágenes y hacían transmisiones en vivo
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En 2016 se registraron 54 limitaciones a la cobertura periodística en hechos de protestas y manifestaciones
Dos reporteros fueron víctimas de hurto en plena cobertura en la avenida Libertador de Caracas, ciudad capital del país, cuando diputados, representantes de sectores de oposición y civiles intentaron pasar el piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les impedía llegar a la sede del CNE. No tuvieron éxito.
Román Camacho, quien cumple funciones para La Patilla, y Jack Sáez, corresponsal de la Agencia EFE, relataron a IPYS Venezuela que fueron despojados de sus teléfonos celulares cuando cubrían la manifestación en la avenida Libertador de Caracas. Ambos reporteros se encontraban en lugares distintos; Camacho, se encontraba pasando por la escalera que dirige hacia la avenida Libertador, y Sáez se encontraba cerca del piquete que levantó la PNB, cuando presumen que pudieron despojarlos de sus teléfonos celulares.
Sáez aseguró que logró confrontar a un presunto sospechoso, a quien dejó ir al percatarse que no tenía el teléfono en sus manos. “Se lo habrán pasado entre manos. El chamo no tenía nada”, recordó.
Los comunicadores utilizaban sus equipos celulares para comunicarse con sus salas de redacción, tomar fotografías y hacer transmisiones en vivo.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, IPYS Venezuela registró al menos 54 limitaciones a la cobertura de protestas en el país.
Estos hechos representan una serie de hurtos vinculada a limitaciones a la cobertura por inseguridad evidente en las calles.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
