martes , abril 23 2024

Represión militar le causó heridas en la cara a jefe de redacción de El Carabobeño

  • Militares dispararon una bomba lacrimógena contra la residencia de Carolina González, que aunque no estaba cubriendo la represión en Valencia, estaba plenamente identificada con el chaleco de prensa de El Carabobeño, medio del que es jefe de redacción

  • IPYS Venezuela registró 111 agresiones físicas contra trabajadores de medios entre el 28 de marzo y el 29 de junio de 2017, en el contexto de protestas

 

Veinte puntos de sutura y una operación en el ojo fue el saldo con el que se quedó Carolina González, jefa de redacción del diario El Carabobeño, luego del ataque de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El 18 de julio, la periodista se encontraba frente a su residencia en el sector de Naguanagua, en Valencia, estado Carabobo, cuando funcionarios militares lanzaron una bomba lacrimógena contra González, que aunque no estaba cumpliendo labores informativas, cargaba un chaleco de prensa con la identificación del medio para el que trabaja.

Durante la represión contra manifestantes en la zona, un funcionario lanzó una bomba lacrimógena hacia donde se encontraba Carolina González, el disparo rebotó contra la puerta de vidrio de la entrada de su edificio, cuyo impacto le rompió la cara. No fue sino hasta las seis de la tarde cuando pudo ser trasladada a un centro asistencial donde le operaron el ojo, con tres puntos de sutura. También tuvo nueve puntos en el cuello y ocho en la mejilla.

González relató a IPYS Venezuela que llegó a su casa a almorzar, cuando encontró que la GNB estaba reprimiendo a unos manifestantes que estaban en la cuadra donde está ubicado el edificio. Antes de salir, la periodista estuvo tomando fotografías desde adentro de su edificio, cuando los militares disparaban perdigones contra los vecinos.

Decidió salir a buscar a una de las reporteras de El Carabobeño que estaba cerca, en la calle, haciendo la cobertura. En el momento que salió, venían los manifestantes corriendo y detrás de ellos estaban los guardias, ella decidió entrar al edificio y en lo que cerró la puerta un militar lazó una bomba lacrimógena que dio contra el vidrio de la entrada, y cuyo impacto le rompió la cara. La reportera relató que funcionarios de la policía y la GNB, en ese instante, entraron a la residencia y agredieron a los vecinos que se encontraban en el lugar.

La represión continuó y los militares no dejaron pasar al grupo de primeros auxilios que se dirigía a atender a la periodista, que estaba en su casa. Sin embargo, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Carabobo, dependencia militar, publicó en Twitter, desmintiendo el atentado contra la periodista: “Falsa matriz en redes sociales que periodista Carolina González fue herida por bomba lacrimógena en La Granja, Naguanagua. #EsFalso”.”#LaVerdad. Periodista Carolina González chocó con puerta de vidrio de Edif. Balcones del Norte en Naguanagua y produjo heridas en su Rostro”.

La periodista solicitó medidas de protección ante la Fiscalía 36º del Ministerio Público en Valencia, y presentó la denuncia con el Colegio Nacional de Periodistas.

Desde marzo de 2016, El Carabobeño opera bajo el esquema digital debido a acciones de discriminación en la adquisición de papel periódico ante instancias gubernamentales.

IPYS Venezuela rechaza esta agresión contra Carolina González, que aunque no estaba trabajando se encontraba plenamente identificada como periodista. Los funcionarios de seguridad, hasta en contextos de excepción, deben proteger la vida e integridad de trabajadores de los medios de comunicación. Esta organización registró 111 agresiones físicas durante la cobertura de protestas entre el 28 de marzo y el 29 de junio de 2017.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho diversos llamados de alerta al Gobierno Nacional sobre el riesgo que corren los periodistas durante los conflictos de calle. “Dada la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones y situaciones conflictivas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función y evitar agresiones, detenciones o destrucción de los equipos y registros”.

 

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