IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Además de robarles los equipos de trabajo, los victimarios le pidieron los teléfonos celulares
Ana Karolina Mendoza/Equipo IPYS Venezuela
Paola Cordero y Juan Guerrero, periodista y fotoperiodista del diario Versión Final, regresaban de hacer unas fotos -para un reportaje- en el parque Capitán Chico en el barrio Santa Rosa de Agua -al norte de Maracaibo- cuando dos jóvenes delgados les trancaron el paso en la trocha que debían atravesar para llegar al vehículo del rotativo. El hecho ocurrió a las diez y media de la mañana del 6 de febrero de 2017.
«Uno de los chamos se alzó la franela y nos mostró el arma. El otro me pidió la cámara. Luego nos revisaron. Querían los teléfonos, pero nosotros los dejamos en el carro», relató Guerrero.
Luego estas personas marcharon por una callejuela. Los reporteros junto con el conductor, Cliffton Iguarán, abordaron el carro y se marcharon hacia la sede del periódico, en la avenida La Limpia con Universidad.
Es la primera vez que asaltan a un equipo reporteril en los ocho años y medio que tiene esta casa editorial.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un robo contra un equipo reporteril vinculado a una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público por inseguridad evidente en las calles.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, IPYS Venezuela registró 37 robos contra equipos reporteriles durante el cumplimiento de sus funciones, y 5 limitaciones a la cobertura de calle que vincula la acción de grupos criminales.
Este hecho vulnera los principios constitucionales establecidos en los artículos 57 y 58 sobre libertad de expresión y acceso a la información.
Los robos contra miembros de equipos reporteriles vulneran los preceptos constitucionales establecidos sobre libertad de expresión y acceso a la información pública.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
