IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Debido al robo la emisora, que se escuchaba en tres estados del país (Mérida, Táchira y Zulia), ahora tiene solo alcance local
¿La razón? Inicialmente los usuarios atribuyeron el corte a una falla. Mientras trabajadores y directivos de la emisora comunitaria pensaron se debía a un corte eléctrico en la zona montañosa de Paramito, donde se encuentra la cabina de transmisión. Sin embargo, pasada las horas la señal no volvió por lo que directivos se trasladaron al lugar de transmisión. Ahí constataron que habían sido víctimas del robo de los equipos.
La cabina que protegía los equipos de la intemperie fue forzada a plena luz del día por personas desconocidas, quienes robaron el transmisor de 250 vatios, el radio receptor de estudio, el enlace, el estabilizador y el protector de corrientes.
La emisora comunitaria, con 12 años de transmisiones, fue desmantelada en un santiamén. Los equipos robados están valorados en 2 millones 500 bolívares.
El Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adelanta las investigaciones, relató a Ipys Venezuela, Horacio Rondón, directivo de Radio C. Además, indicó que se trata de la primera vez que el medio sufre un robo. “Nunca habíamos sufrido un robo. Por esta zona todas las emisoras tienen sus transmisores en la misma montaña”.
Rondón detalló que como consecuencia del robo estuvieron una semana sin transmitir por la frecuencia modulada; y disponibles únicamente por internet. Fue el pasado lunes, 05 de febrero de 2017, cuando lograron regresar al aire gracias a un transmisor prestado que, sin embargo, solo permite que la señal tenga alcance local (casco urbano del municipio).
Previo al robo, Radio C tenía cobertura en el norte del estado Táchira y los municipios al sur del estado Zulia. Rondón lamentó el hecho ya que –dijo- es imposible reponer los equipos de forma inmediata.
Entre enero y febrero de este año Ipys Venezuela ha registrado cinco robos de equipos contra periodistas y medios. El año pasado se contabilizaron 36 robos, y 21 de ellos vincula la participación directa del hampa contra trabajadores y sedes de medios de comunicación.
Aunado a los ataques de grupos al margen de la ley, IPYS también registró 11 cierres, suspensiones o incautaciones de equipos de transmisión; 9 daños leves y 4 graves contra sedes de medios y bienes del reportero, y 3 confiscaciones.
El Estado venezolano tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana e investigar estos ataques directos contra medios de comunicación que dejan al ciudadano desprovisto de canales de información plurales.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
