IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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La cuenta de la oficina de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, @PRENSACICPC, encabezó la campaña de odio contra ciudadanos y defensores en el contexto de protestas ciudadanos demandando democracia y elecciones
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A través de las redes sociales se difunde un discurso que criminaliza y acusa de terroristas a los defensores de DDHH y ciudadanos
Los mensajes, que aún permanecen publicados en la cuenta de esa entidad del Estado, y que fueron retuiteados por el director del CICPC, Douglas Rico, exponen las fotografías de siete manifestantes, a quienes tildan de “generadores de violencia”, y hacen un llamado a denunciarlos ante las autoridades.
Esta serie de mensajes dio inicio desde la cuenta gubernamental a una campaña de intolerancia y descalificación contra quienes participaron en las protestas antigobierno.
Desde ese día y hasta el 09 de abril, alrededor de 186 mensajes de criminalización contra manifestantes y defensores de Derechos Humanos fueron divulgados desde cuentas falsas y bots identificados con el oficialismo. Los manifestantes son señalados de terroristas, peligrosos, violentos y guarimberos -término utilizado por funcionarios del gobierno para referirse despectivamente a los manifestantes opositores- por ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Estas connotaciones discursivas de odio ponen en riesgo a las personas señaladas, quienes quedan expuestas ante estos mensajes de incitación a la violencia promovidos por instituciones y funcionarios del Estado.
El discurso de odio, de acuerdo a autores del derecho internacional de Derechos Humanos, tiene como blanco a una minoría con la finalidad de excluir socialmente a sus miembros, atribuyéndoles características que les impiden vivir en sociedad.
Las fotografías de manifestantes y defensores están encabezadas con la frase “Solicitado. Si usted ve a este terrorista, informe a las autoridades que irán tras su captura”. Los tuits se clasificaron con las etiquetas #SeBuscaTerroristas (25 mensajes), #TerroristasVanPresos (140 mensajes) y #DenunciaTuZona (21 mensajes).
Los perfiles de las cuentas que difundieron estos mensajes no están identificados con nombre y apellido. Son perfiles de grupos o bajo seudónimos, la mayoría con menos de mil seguidores y fotografías alusivas al gobierno nacional o retratos de jóvenes modelos.
Amparados bajo el anonimato, difundieron los mensajes de odio y violaron los límites de la libertad de expresión en los términos expresados en el artículo 13.5 de la Convención Americana: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Uno de los retratos publicados fue el de Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz e investigadora de Provea, quien denunció que fue fotografiada por desconocidos durante su participación en la manifestación convocada el pasado 04 de abril en la Plaza Venezuela, municipio Libertador de Caracas. Otra de las agraviadas fue la diputada del estado Portuguesa por el partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez.
La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que se trata de la difusión de fotos tomadas por cuerpos de seguridad e inteligencia a manifestantes durante las protestas, lo que prueba cómo el aparato de inteligencia del Estado es utilizado para perseguir a opositores y defensores de derechos humanos.
Esta campaña constituye además una forma de precalificar delitos -sin prueba alguna- y juzgar anticipadamente a los ciudadanos.
Provea responsabilizó a Douglas Rico, director del CICPC, y Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para la Justicia y Paz, por esta campaña de odio contra los ciudadanos y defensores. Su coordinador de investigación, Inti Rodríguez, recordó que durante 2014 ocurrieron acciones similares tras la creación del llamado “Comando antiguarimba”, que funcionó como red para criminalizar la protesta, y sirvió de marco para la posterior detención y agresión contra ciudadanos, simpatizantes de la oposición.
El jueves 07 de abril de 2017, cuando se desarrollaba esta campaña de odio contra manifestantes y defensores en la red social Twitter, el alcalde del municipio Libertador (Psuv), Jorge Rodríguez, declaró a VTV sobre la necesidad de que el gobierno intervenga en las Plataformas Digitales: “Las redes sociales son el instrumento principal atrás del cual ellos están motorizando toda esa guerra psicológica con una gran eficiencia. Además, nosotros tenemos que responder del mismo modo, no podemos caer en el error de señalar la gravedad de los hechos sin de alguna manera intervenir, actuar, proceder con las redes sociales. (….) Tenemos que estar en capacidad a responder en tiempo real esas mentiras de patas largas que se han desarrollado a raíz y a través de las redes sociales, tienen verdaderos tanques de pensamiento, hospitales psiquiátricos que han venido desarrollando rápidamente técnicas de acción de guerra psicológica”.
Posterior a la difusión de los mensajes de hostigamiento que tildaban de terroristas a los manifestantes, el ministro Reverol informó la noche del lunes 10 de abril de 2017 sobre la detención de 18 “terroristas”, “anticristos”, durante la manifestación de ese día que exigió la realización de elecciones. En sus declaraciones Reverol cuestionó además que los medios de comunicación “intentan mostrar al mundo imágenes violentas y descontextualizadas acerca de un país que se encuentra en total normalidad”.
De las campañas de agravio al discurso del odio
En 2015, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Ipys Venezuela, explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el país persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en delaciones televisadas, lideradas por altos funcionarios de los poderes públicos, y que estas acciones se han agudizado luego de la “institucionalización de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan la opacidad”.
La figura del patriota cooperante, informante táctico, promovida por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de su programa “Con el Mazo Dando” transmitido por la señal del canal estatal Venezolana de Televisión, constituyó un patrón de hostigamiento principalmente contra activistas de DDHH que persiste en la actualidad.
IPYS Venezuela realizó un seguimiento riguroso a ese programa en los primeros 8 meses de 2015. En ese período 58 activistas de DDHH recibieron acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión.
Las campañas de agravio contra las ONGs y sus miembros han sido sistemáticas en los últimos años. Recientemente la web del programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por VTV y conducido por el diputado Diosdado Cabello, ex presidente del parlamento nacional, acusó a 45 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de promover una intervención extranjera en Venezuela por solicitar el 25 de febrero pasado a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la activación de la Carta Democrática Interamericana al país.
Tres días después de estos señalamientos, los portales digitales de tres medios independientes, dos ONG’s y una organización religiosa sufrieron ciberataques.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “las manifestaciones de descrédito por parte de autoridades del Estado o toleradas por éstas, no sólo atentan contra el derecho a la honra y la dignidad de quienes son atacados, sino que contribuyen a crear condiciones adversas y a producir un efecto amedrentador de la labor de defensores de derechos humanos”.
La actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos está garantizada en la Constitución Nacional y en los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos. Es responsabilidad del Estado asegurar que los defensores realicen su trabajo sin presiones ni intimidaciones, bajo un clima de tolerancia, y que no sean señalados por las actividades de promoción y defensa de los DDHH que llevan a cabo.
El Estado venezolano debe garantizar a los defensores y ciudadanos el ejercicio efectivo de los derechos de asociación, manifestación y expresión, imprescindibles para la defensa de otros derechos humanos.
El artículo 20,2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), vinculante para el Estado venezolano, sostiene que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
El desarrollo de la jurisprudencia y doctrina internacional sobre los discursos del odio en términos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos aclara que la protección a la integridad de las personas o grupos de personas, y no a la sensibilidad, es lo que prevalece al condenar los discursos hostiles, entendiendo que son un abuso del derecho y, por lo tanto, no gozan de protección por ser contrarios al espíritu de paz, tolerancia y no discriminación que rige la doctrina internacional de los derechos humanos.
Diez Diez cuentas de twitteros -que se identifican como simpatizantes oficialistas- difundieron mensajes de odio entre el 07 y el 09 de abril:
- @MarielBetancurt
- @FuentesFroxan5
- @DenunciatuZona
- @Samiiifer
- @RodriVict0ria
- @su11tienesu13
- @RigarManuel
- @celestiarivas
- @cercheguec
- @Karlotap12
