IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
- IPYS Venezuela exhorta a los órganos de justicia a respetar el debido proceso y las garantías jurídicas y a respetar los estándares internacionales de libertad de expresión
Los representantes legales y los dueños de La Patilla, portal digital con sede en Caracas, no fueron notificados oficialmente del fallo del poder judicial en contra de este medio digital por la demanda civil que introdujo Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional por supuestamente afectar su honor y reputación al replicar información que lo involucraba en denuncias de narcotráfico y que fue ejercida en abril de 2015.
El 31 de mayo de 2017, el diputado Pedro Carreño, representante por el Partido Socialista Unido de Venezuela, divulgó el resumen de una supuesta sentencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Caracas que falló a favor de Cabello y obliga al medio a pagar un mil millones de bolívares, que al cambio de la tasa oficial, al momento, representa alrededor de 500 mil dólares.
De acuerdo al monitoreo de IPYS Venezuela, la sentencia no está disponible en la web del Tribunal Supremo de Justicia, portal que desde finales de marzo ha estado de manera intermitente fuera de línea por “mantenimiento”. El fallo también lo desconocen los representantes de La Patilla, quienes no fueron notificados formalmente por la instancia judicial, y cuya decisión vulnera el principio del derecho a la defensa y acceso a la justicia, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para los dueños de La Patilla este fue un proceso irregular porque el medio no recibió información de esta condena, de acuerdo a las consultas que hizo IPYS Venezuela.
Alejandra Rodríguez, abogada de este medio digital opinó: “publicar el contenido de un acto judicial en medio de una controversia, de la cual Pedro Carreño no es parte, vicia de nulidad las actuaciones judiciales pues evidencia la influencia de éste sobre el juez”.
En la supuesta “sentencia definitiva” se condena a Inversiones Watermelon, C.A, registro legal del portal La Patilla, y a su director Alberto Federico Ravell, por la demanda de “daño moral”, ejercida por Diosdado Cabello, en agosto de 2015. Esta acción implica el pago de una sanción económica que puede ser ajustada de acuerdo al alza de la inflación que se ha dado desde el 12 de agosto de 2015, cuando se formalizó la demanda hasta la fecha de la presunta sentencia. El documento es firmado por Gustavo Hidalgo Bracho, juez del Tribunal Tercero de Primera instancia en lo Civil y Mercantil.
Esta demanda complementó una acción penal por “difamación agravada continuada” que ejerció Diosdado Cabello en contra de La Patilla, El Nacional y Tal Cual, y 22 directivos de estos medios, en abril de 2015 por replicar una denuncia que daba cuenta de supuestos vínculos Cabello con negocios de narcotráfico, que fue publicada originalmente en el diario ABC de España, en enero de 2015.
IPYS Venezuela exhorta a los órganos de justicia a respetar el debido proceso y las garantías jurídicas y a respetar los estándares internacionales de libertad de expresión que prohíben las penas excesivas contra medios de comunicación que buscan acallar las denuncias sobre asuntos de interés público.
Esta sentencia crea un precedente lamentable que atenta contra la legitima labor de escrutinio y divulgación de temas de interés público. Estas acciones legales que penalizan la opinión o difusión de información tienen el fin de acallar las voces críticas y alentar la reserva o censura en los medios y periodistas. En los últimos años en el país, como lo demostró el Estudio de Censura y Autocensura, existen temas tabú, impuestos desde el poder, que limitan e impiden el ejercicio de contraloría a ciudadanos y periodistas.
La sentencia divulgada por el diputado oficialista Pedro Carreño:
