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El efectivo advirtió a un grupo de colombianos con no dejarlos cruzar el puente Francisco de Paula Santander, si declaraban a los medios de comunicación
El 27 de febrero de 2016, un funcionario militar impidió a Lorena Bornacelly Arráiz, reportera de El Pitazo y 30 Minutos Táchira, cumplir con funciones informativas cuando intentó cubrir la reapertura del puente internacional Francisco de Paula Santander en la población fronteriza de Ureña, estado Táchira, suroccidente del país.
Aunque otros medios de comunicación les permitieron llegar hacia la mitad del puente, la periodista Lorena Bornacelly explicó que un efectivo militar le dijo que no podía pasar hacia dónde estaban los otros periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
“Un efectivo militar de apellido Suárez impidió no solo mi traslado hasta allí, sino que además gritó a los pocos colombianos que esperaban pasar su vehículo hasta Colombia que ‘a quienes viera dando entrevista, les advierto que se van a quedar aquí y no pasarán la frontera’, por lo que no quisieron declarar sobre sus apreciaciones en torno a la situación dada, que desde hace meses está cerrada la frontera con Colombia”, señaló la periodista.
Los testimonios recogidos por la reportera fueron únicamente grabados escondidos y en anonimato, puesto que el militar nunca se separó del equipo y, por estar ubicados en una zona fronteriza, nunca fue posible establecer comunicación con el general Carlos Martínez Stapulionis, autoridad única de la zona de seguridad número 1 de la frontera, para que recordara a quienes están a su mando que en la Constitución se garantiza el derecho a la información, explicó.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una limitación a la cobertura de asuntos de interés público vinculada a un hecho de censura por parte de un funcionario militar.
Basados en la normativa nacional, el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. El numeral 9, por su parte, señala que los hechos de intimidación, amenaza y agresión violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
