IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 22 de septiembre de 2015 la periodista Lorena Arráiz, presentadora del programa de información y opinión “30 Minutos” de la Televisora Regional del Táchira (TRT) y editora del sitio web informativo del mismo nombre, recibió mensajes agraviantes a través de una cuenta de Twitter.
Desde el usuario @Carlosalexae hicieron mención a la cuenta de la comunicadora social, con el siguiente mensaje: “Periodista ud? Aún no le emcuentro (sic) su objetividad e imparcialidad escuálida”. Esto, en respuesta a un tuit de la reportera en el cual informaba que en el estado Táchira se mantienen las colas y la escasez en abastos y supermercados, a pesar de que el gobernador José Vielma Mora ha criticado a los periodistas que reportan esta situación.
En su biografía, el usuario Carlos Alexander @Carlosalexae se define así: “Orgullosamente pertenezco a la Policía del Táchira, la mejor policía del país”, en alusión a ese cuerpo de seguridad, que depende de la Gobernación del estado Táchira. La cuenta anónima fue abierta en octubre de 2010 y suma más de 300 tuits. No enseña rostro en la foto de perfil.
Esta alerta representa una ciberagresión con fines intimidatorios, contraria a la garantía al derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución nacional.
No es la primera vez que usuarios agreden verbalmente por Twitter a Arráiz, la periodista en ejercicio con más seguidores en el estado Táchira. En enero pasado fue intimidada por medio de la cuenta @KatheRod1, identificada como Katherine Rodríguez, con una publicación que la acusaba de palangrista y mostraba una foto de la periodista. El año pasado, de hecho, Arráiz introdujo ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo denuncias sobre amenazas y ataques desde cuentas de Twitter afectas a los gobiernos regional y nacional.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienes los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. En base a este numeral, IPYS Venezuela rechaza las agresiones en contra de los periodistas afectados y exige al gobierno venezolano que investigue estos hechos, sancione a sus autores y asegure a las víctimas una reparación adecuada.
