Táchira: Reportero fue amenazado con acciones penales tras cubrir asesinato de joven durante las protestas

• El periodista Daniel Pabón fue amenazado por cubrir el asesinato de la joven Paola Ramírez para el diario La Nación, en el estado de Táchira

• Altos funcionarios del gobierno regional lo acusan de amarillista y crear versiones distorsionadas para responsabilizar a los colectivos

• IPYS Venezuela rechaza las amenazas de altos funcionarios regionales contra el corresponsal de la organización en el estado Táchira y reportero del diario La Nación, Daniel Pabón, por su trabajo periodístico sobre el asesinato de la joven Paola Ramírez en el contexto de las protestas ciudadanas ocurridas en ese estado el pasado 19 de abril; y demanda a las altas autoridades del gobierno nacional no criminalizar ni desvalorizar la labor social de los trabajadores de la prensa por ejercer su derecho a buscar y difundir información de interés público en los términos establecidos en la Constitución Nacional y las normas internacionales que protegen la libertad de expresión.

Leyenda: Manifestación opositora fue reprimida por las fuerzas de seguridad en San Cristóbal. Cortesía: La Nación

El 20 de abril el periodista Daniel Pabón recibió amenazas de acciones legales en su contra por su trabajo periodístico sobre la muerte de la joven Paola Ramírez en el contexto de las manifestaciones ocurridas en la ciudad de San Cristóbal un día antes.

Pabón y el medio La Nación fueron señalados públicamente por el director de seguridad ciudadana del estado Táchira, Ramón Cabezas y la diputada del Consejo Legislativo de la entidad por el PSUV, Nellyver Lugo, por la nota en la que documentó la muerte de la joven de 24 años.

Pabón relató a Ipys Venezuela que llegaron al barrio San Carlos en el centro de la ciudad de San Cristóbal a las 3 y 20 minutos de la tarde, escasos 25 minutos después de que la joven recibiera el impacto de bala, a petición de un vecino del sector que llegó a la redacción del periódico a denunciar el ataque de desconocidos contra su vehículo. Cuando llegó al lugar encontró que la situación era más grave que lo denunciado debido a que una persona había fallecido.

“Nuestra cobertura se basó en conversar con los vecinos y testigos. Ellos en su versión coincidieron en que se trataba de colectivos. Los vecinos asustados me pidieron no dar nombres y yo escribí la nota bajo el recurso de la reserva de la fuente”, precisó el reportero.

Insistió en que su trabajo recoge la versión de los ciudadanos, de acuerdo a los testimonios, y desde la tarde de ese día hasta la hora del cierre de la edición impresa la única versión que se manejó fue la de “civiles armados” a bordo de motocicletas y cubiertos con pasamontañas, quienes habrían disparado en dirección a la joven.  En su texto el periodista no uso la palabra “colectivos”.

A las 6 de la tarde -de acuerdo a Pabón- declaró la máxima autoridad militar de la entidad, Carlos Yánez Figueredo. “En esa rueda de prensa no se asomó otra versión. Él dijo que se investigaba y llamó a que no se especulara sobre los responsables. Ese resumen se colocó en la nota junto con la cita de la información del Ministerio Público asignando a los fiscales del caso”.

A las 11:08 de la noche el diputado Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV, anunció que estaba detenido el presunto autor material del asesinato. Esa versión –indicó Pabón- no alcanzó a incluirse en la edición del jueves 20 de abril ya impresa a esa hora. Sin embargo, el 21 de abril el diario otorgó igual centimetraje a reflejar la versión oficial sobre el hecho.

No obstante, Ramón Cabezas en sus declaraciones sostuvo que algunos periodistas actuaron con ligereza y “quisieron a través de sus cuentas de Twitter señalar de una vez, hacer responsables a algunos sectores, a algunas personas. Hay una cuenta de una reconocida periodista señalando a un sector y más aún, un diario impreso permitió el tiraje en la edición del día de hoy donde señala a un sector. Esto es grave porque inclusive el Ministerio Público ya está en conocimiento del hecho y hay responsabilidades penales que van a asumir por la ligereza de dar una información de esta magnitud”.

En un tono similar la diputada Nellyver Lugo dijo que irían a la fiscalía del Ministerio Público “para denunciar a unas cuentas y personas en las redes sociales que han venido criminalizando a los compañeros colectivos, señalándolos como actores materiales e intelectuales de todo lo que pasa en el estado Táchira (…) Lamentablemente pudimos observar como el diario La nación relató los hechos, como si la persona que escribe la noticia hubiese estado en el mismo centro de los acontecimientos. Llamamos la atención a ese tipo de periodistas, que lamentablemente por el amarillismo suben de intensidad, cuando realmente lo que quieren ellos es que exista el culpable, el que ellos presumen de su propio análisis de la coyuntura”.

Declaraciones como las de Cabeza cohíben la labor escrutadora del periodismo y tienen como objetivo silenciar y coartar el trabajo autónomo de los periodistas, lo que constituye por igual una violación al derecho ciudadano de recibir y acceder libremente a la información.

El artículo 13 de la Convención Americana de DDHH prohíbe toda acción directa o indirecta destinada a censurar los contenidos y el libre flujo de información. IPYS Venezuela registra con preocupación un patrón creciente de censura promovido por autoridades del Estado venezolano, especialmente funcionarios de seguridad, bajo amenazas de castigos penales que incluyen la detención arbitraria, interrogatorios y amenazas de acciones penales por informar.

Durante 2016, recoge el Estudio Censura y Autocensura de IPYS Venezuela, altos funcionarios públicos recurrieron a prácticas para obligar a los medios de comunicación a publicar, de manera forzosa, boletines y notas de prensa de organismos oficiales, sin darles la libertad a los periodistas de corroborar y contar los hechos con diversidad de fuentes y perspectivas, como lo establecen los principios periodísticos. Al menos 27% de los periodistas atribuyó modificaciones de sus ediciones informativas a presiones oficiales, cuyas acciones infringen la autonomía de periodismo y más de 50% de los consultados para ese estudio acusó presiones internas de actores estatales y no estatales para suavizar, modificar y usar un lenguaje evasivo que de cierta manera prohíbe que los hechos se cuenten con certeza.