IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Durante la cobertura de una protesta, ocurrida el 12 de julio de 2016 en el poblado El Cordón de Cariaco, en el municipio Ribero del estado Sucre, periodistas reportaron ser amedrentados por un teniente de la Guardia Nacional (GN) identificado con el apellido Sangroni, quien custodiaba las instalaciones de la Planta Potabilizadora de la municipalidad.
Los periodistas Román Camacho del medio digital La Patilla, Carolina Isava de Radio Caracas Radio, Félix Bejarano Bermúdez, reportero independiente y bloguero y Rafael Marín, exdirector de El Diario de Sucre, daban cobertura a una protesta de pobladores de El Cordón, quienes manifestaban por segundo día consecutivo a las afueras de la planta potabilizadora, para exigir al alcalde Ángel Ortíz la solución de problemas en el suministro de agua potable, asfaltado de vialidad y distribución de alimentos.
Félix Bejarano informó que al llegar los periodistas, los pobladores se encontraban a las afueras, protestando de manera pacífica y el funcionario castrense calificó, tanto a los manifestantes como a los reporteros, como delincuentes. “Nos acercamos para levantar los testimonios, yo me puse a tomar fotografías y Carolina Isava fue quien se acercó al teniente Sangroni para obtener la versión de las autoridades sobre lo ocurrido, luego me di cuenta de la reacción”.
Rafael Marín detalló a Ipys Venezuela, que mientras Isava solicitaba información, el representante de la Guardia Nacional, les impidió el acceso a la planta y aseveró que los manifestantes estaban cometiendo actos ilegales por ejercer el derecho a la protesta. “Él dijo que los manifestantes estaban delinquiendo porque tomaron instalaciones que pertenecen al Gobierno y nos dijo a los periodistas, ustedes también están en el mismo grupo. Yo lo cuestioné y le dije que él no era juez para determinar si eran delincuentes, que ni los fiscales tenían esa potestad”.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público en cobertura de calle y un uso abusivo del poder estatal vinculado a las fuerzas militares.
IPYS Venezuela hará seguimiento.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley. Por su parte, el numeral 9 establece que los hechos intimidatorios coartan severamente la libertad de expresión.
