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Tribunal guarda silencio ante sobreseimiento de acción penal interpuesta por Diosdado Cabello contra directivos de diario Tal Cual

A sus 85 años años, el fundador del diario Tal Cual sigue sometido a un juicio por delitos de desacato, hoy desechados de los códigos penales de los países democráticos. El caso debió prescribir el pasado diciembre

Teodoro Petkoff cuenta hoy con 85 años y aun está sometido a un juicio por una causa que debía dirimirse en tribunales civiles y no penales

Después de más de tres años Adis José La Rosa Álvarez, a cargo del juzgado vigésimo noveno del Área Metropolitana de Caracas (AMC), ha negado en reiteradas oportunidades el levantamiento de las medidas sustitutivas de libertad que impide a los directivos del diario Tal Cual salir del país bajo régimen de presentación periódica en tribunales.

Humberto Mendoza D’ Paola, abogado defensor de Teodoro Petkoff Malem, director de Tal Cual , exigió el 14 de diciembre de 2016 la prescripción inmediata del proceso de la querella que también afecta a Antonio Rafael Golia Amodio, Manuel Antonio Puyana y Francisco Layrisse Santander, miembros de la junta directiva de La Editorial La Mosca Analfabeta, C.A., empresa dueña del medio.

Debe recordarse que Diosdado Cabello demandó en dos oportunidades a los directivos de este impreso de circulación nacional. La primera demanda ocurrió en febrero de 2014, luego de la publicación de un artículo de opinión escrito por Carlos Genatios, y la segunda, en mayo de 2015, luego que replicaran una información difundida por el diario ABC de España en la que se vinculó con el narcotráfico a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional para ese momento. En esta segunda demanda también se dictó orden de prohibición del país a 15 directivos del impreso El Nacional y tres del portal digital La Patilla, por la misma razón.  

En lo que respecta a Tal Cual, el tribunal acumuló los dos procesos y son llevados a cabo como una misma causa penal ante un solo juzgado. Aunque el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) establece que ningún caso puede exceder un plazo máximo de dos años, la causa que pesa sobre los directivos de este medio impreso data de más de tres años y medio.

En la solicitud consignada por D’ Paola ante despacho del juez 29° del AMC, el 14 diciembre de 2016, también se interpuso un recurso de petición para solicitar el abandono de la causa por parte del demandante en conformidad con el artículo 407 del Copp y, por ende, exigir la suspensión inmediata de las medidas decretadas contra Teodoro Petkoff por considerarlas injustas, ilegales y desproporcionadas.

A esta querella privada en contra de los tres medios de comunicación en 2015, debe sumarse una demanda mercantil con la que se pretende el pago de una indemnización más indexación por daños y costos procesales.

El 2 de julio de 2017, Cabello celebró una supuesta sentencia del  Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Caracas, que decidió a favor del diputado y obliga al portal digital La Patilla a pagar un mil millones de bolívares, que al cambio de la tasa oficial, al momento, representa alrededor de 500 mil dólares.

Durante la transmisión del programa “Con el mazo dando”, conducido por Cabello y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora del Estado, el diputado también se refirió a El Nacional ante una la posibilidad de una decisión similar en contra de sus directivos. “Usted va a ver una noticia de esta positiva en El Nazi-onal. Claro, probablemente la vea si nosotros ganamos la demanda a El Nacional que nosotros le metimos ¿verdad? que comenzarán a aparecer noticias positivas ahí en ese periódico”, aseveró.

IPYS Venezuela ha expresado su preocupación ante las demandas penales por los llamados delitos de opinión, la cuales representan una violación al ejercicio a la libertad de expresión y el derecho a la información por incentivar la censura.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recomendó a Venezuela en 2014 a modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada con el fin de eliminar el uso de procesos penales en los que se pretenda inhibir el libre debate democrático.

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