IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El caso surge de una situación anterior, luego de que la periodista publicara en su columna “Artillería de Oficio” del diarioElNacional, los días 11 y 18 de junio de 2003, que el vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, y el gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, estarían involucrados en irregularidades administrativas en una negociación para adquirir radares. Entonces los afectados acudieron a la Fiscalía y solicitaron una imputación pública. La periodista fue llamada a declarar, tras lo cual la demanda fue desestimada.
El 6 de mayo de 2004, sin embargo, el Ministerio Público inició una imputación contra Salazar por calumnia, bajo el argumento de que la periodista realizó sus declaraciones contra Rangel sabiendo que eran falsas, y por tanto llevó a que se realice una investigación y se empleen recursos públicos en vano.
La abogada defensora de Salazar, Claudia Mujica, señaló que alrededor del caso hay muchas irregularidades. La acusación de calumnia no tiene basamento jurídico, debido a que Salazar no realizó una denuncia formal contra Rangel y por tanto no se perjudicó la administración de justicia. Tampoco se ha llegado a comprobar que la periodista actuara con dolo.
Según el artículo 240 del Código Penal venezolano, la pena por el delito de calumnia es de seis a treinta meses de prisión.
