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Además, aprobó medida de protección especial para el testigo clave de la Fiscalía, Giovanny José Vásquez de Armas, con lo cual se impide la difusión de cualquier información que haga referencia al prenombrado ciudadano, a fin de “proteger su dignidad como ser humano, su honor, decoro e intimidad”. Investigaciones periodísticas realizadas recientemente revelaron datos que restan credibilidad al testimonio de Vásquez de Armas, como el haber estado preso en Colombia por estafa y falsedad los días en que supuestamente se planificó el asesinato del fiscal.
La decisión judicial obedece a la petición del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, del 18 de enero último, para proteger a los expertos y testigos que intervinieron o intervendrán en los procesos judiciales contra los supuestos autores materiales e intelectuales del crimen del fiscal Anderson.
Además, el Tribunal ofició a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la supervisión y control del cumplimiento del fallo, aunque sólo debería ocuparse de los medios de comunicación radioeléctricos. La medida constituye un atentado contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, al constituir un elemento de censura previa para los medios de comunicación.
