IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 22 de marzo de 2012, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una medida cautelar que exige que los medios de comunicación “que tengan el soporte técnico veraz avalado por un organismo competente” cuando divulguen información sobre denuncias de presunta contaminación del agua en el país.
La medida fue solicitada por el Fiscal vigésimo nacional Daniel Guédez, apoyándose en los artículos 19 y 58 de la Constitución Nacional que garantizan “garantizar el goce y ejercicio irrenunciable de y el derecho a la información veraz”.
De acuerdo con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la norma no estaría limitando la libertad de información sino garantizando la veracidad de los hechos. En un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Ortega indicó que los medios debían probar que el agua estaba contaminada antes de divulgar la información.
La Fiscal se refirió también a posibles sanciones que podrían sufrir los medios “Si ellos incumplieran con esta medida, bueno, ya vamos a ver”. No obstante especificó que el Código Penal sanciona a las personas que difundan información falsa que pueda “causar pánico a la colectividad” con prisión de 2 a 5 años. “No estoy amenazando”, aclaró Ortega.
El 20 de marzo el presidente Chávez instó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a actuar contra quienes hacen las denuncias sobre el agua, por considerar que provocaban alarma en la población. En las últimas semanas los medios de comunicación han transmitido denuncias sobre la posible contaminación del agua potable en varios estados de Venezuela.
