IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 28 de octubre de 2015, el reportero gráfico del Diario de Los Andes Trujillo, Ricardo Azuaje, denunció ser víctima de amenaza en cobertura de cola para comprar alimentos en Valera. Azuaje explicó al Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela estaba en un supermercado en la avenida 9 entre calles 7 y 8 de Valera recibiendo denuncias de la gente sobre el abuso de policías y militares comprando bolsas de comida irrespetando el orden de llegada, cuando un oficial de la Brigada de Orden Público de la Policía Regional amenazó con destrozarle el equipo fotográfico. El hecho ocurrió a las diez de la mañana.
El periodista subrayó que el oficial en tono violento lo amenazó con arrestarlo si le tomaba fotos cuando se retiraba con dos bolsas de comida. El funcionario aunque estaba uniformado llegó al comercio en una moto Bera, color rojo, de baja cilindrada, lo que hace presumir que no estaba de servicio, y abusando de su autoridad quebrantó el orden de la cola, y al verse acorralado por las personas, arremetió contra el equipo reporteril, que hacía su trabajo periodístico. El oficial en tono grosero le exigió que le mostrará las fotos y al negarse lo amenazó, diciendo que le importaba una mie… que fuese del Diario de Los Andes.
El oficial tenía chaleco antibalas lo que no permitió identificar su rango y nombre, sin embargo, Azuaje señaló que es integrante de la Brigada de Orden Público de Valera. El periodista responsabilizó al efectivo policial de cualquier cosa que le ocurriese. El reportero del tabloide local indicó que con la acción violenta intento vulnerar el trabajo de un hecho que se repite a diario en las colas de los supermercados, y que pretenden silenciar con amenazas y ofensas.
Esta es la tercera amenaza de detención que IPYS Venezuela registra en menos de 36 horas durante coberturas informativas sobre compra de alimentos:
Funcionario militar amenazó con detener a fotógrafo de El Carabobeño
Funcionario militar amenazó con detener a periodista Nairobi Rodriguez
Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado una amenaza de detención con fines intimidatorios.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
Además, el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prohíbe cualquier acción intimidatoria que pretenda coartar la labor informativa de los comunicadores sociales.
