El 5 de diciembre de 2015 el equipo de sucesos del diario La Verdad fue retenido de manera ilegal por funcionarios de Polisur mientras hacían entrevistas a familiares de los nueve presos que se fugaron de los calabozos de la sede de esta policía municipal.
Jéssika Ferrer, jefa de Sucesos del Diario La Verdad, y el fotógrafo Juan Guerrero Briceño estaban conversando con los familiares cuando tres funcionarios policiales los amenazaron con arrestarlos y con quitarles el equipo fotográfico.
Ferrer contó que los llevaron al comando. En el sitio un funcionario reconoció al fotógrafo y lo identificó como periodista. El Comisario Troconiz entró a la oficina donde los tenían y dio la orden de que los soltaran. Contó la jefa de sucesos de La Verdad que el funcionario dijo: “No es el momento de agredir a la prensa”.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo de la función policial, vinculado a una detención arbitraria y a amenazas que podrían condicionar la labor informativa de los comunicadores sociales.
El artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.
Además, el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prohíbe cualquier acción intimidatoria que pretenda coartar la labor periodística.