IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 17 de julio de 2013, Juan José Faría, reportero de sucesos del diario La Verdad, periódico privado local, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Superior de Maracaibo, estado Zulia, por las reiteradas amenazas que ha recibido en el ejercicio de su labor periodística, desde el mes de enero de 2013.
Juan José Faría, quien también es corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, informó al Ministerio Público sobre las recurrentes amenazas de acción penal que ha recibido de parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como las amenazas contra su integridad personal por parte de supuestos miembros de bandas de delincuencia organizada que operan en la región, las cuales tienen vinculación con grupos de poderes paraestatales dentro de recintos penitenciarios de la región.
IPYS Venezuela acompañó a Juan José Faría cuando acudió a la Fiscalía a denunciar estos incidentes que surgieron a partir de las investigaciones y los seguimientos periodísticos que ha realizado sobre las irregularidades en los centros penitenciarios de la región.
Faría denunció en el Ministerio Público que esta situación coloca en riesgo su vida e integridad, así como la de su familia. Además, manifestó que esta situación ha limitado su actividad periodística.
Entre los hechos que ha enfrentado Faría destaca que en enero de 2013, fue citado para ser interrogado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), circunstancia en la que este organismo de inteligencia policial me amenazó con el inicio de un procedimiento judicial en mi contra por supuesta instigación al delito, asociación para delinquir, y por generar zozobra, tras la cobertura de hechos de sucesos de Maracaibo (/alerta?id=3291&y=2013&m=01)
Posteriormente en abril, en otra coyuntura, el ex director del retén policial El Marite, de Maracaibo amenazó al reportero con introducir una demanda en mi contra ante los órganos de justicia de la región. Igualmente, lo intento intimidar al expresarme que emprendería acciones en contra de mi familia. Este incidente se produjo luego de que en sus funciones de reportero publicara varias notas sobre un conflicto carcelario en la localidad (/alerta?id=3357&y=2013&m=04).
En otra circunstancia, el 15 de abril Faría y dos compañeros del diario La Verdad fueron detenidos de manera arbitraria, por 12 horas, cuando cubrían un cacerolazo -manifestación ciudadana que consiste en hacer ruido con ollas de cocina- en una zona popular de Maracaibo, como forma de rechazo a los resultados electorales de los comicios presidenciales del 14 de abril. Al momento de la detención, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, alegó que el equipo de era unos “desestabilizadores” y que no podían andar en la calle porque en el país había empezado “un golpe de Estado”. Al día siguiente, luego de la audiencia de presentación en los tribunales de la región, fueron dejados en libertad plena (/alerta?id=3400&y=2013&m=04)
Durante junio, la ministra Iris Varela solicitó al Ministerio Público que iniciara una investigación penal contra los periodistas del diario La Verdad, luego que la sección de sucesos publicara un trabajo en el que determinaba que en la cárcel de Sabaneta presuntamente sí había pranes -líderes dentro de la comunidad penitenciaria que se configuran en poderes paraestatales-, y construyeron un perfil de las personas privadas de libertad con mayor poder que dominan el recinto penal, y la presunta vinculación de estos personajes con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, para realizar hechos de corrupción (/alerta?id=3513&y=2013&m=06).
Simultáneamente a estas acusaciones, un militar señalado como implicado en las irregularidades carcelarias, según la investigación del diario La Verdad, se apersonó a la sede del medio donde trabajo para insistir que los periodistas revelaran sus fuentes. El periodista presume que la visita es este funcionario se puede considerar como sospechosa, por lo que además, su visita podría tener una intención de reconocer la dinámica de trabajo del periódico.
“El día que el diario La Verdad difundió esta información, un supuesto líder de la cárcel llamó telefónicamente al periódico, y fue atendido, por casualidad, por mi persona. Este ciudadano insistió en que revelaran las fuentes de información sobre los supuestos hechos irregulares en la cárcel, y emitió una amenaza de atentar contra el medio si continuaban divulgado esas denuncias” denunció el reportero.
Juan José Faría denunció que la amenaza más reciente ocurrió en el mes de junio, cuando por fuentes cercanas tuvo conocimiento que grupos paraestatales del Cárcel Nacional de Maracaibo, conocida como la “cárcel de Sabaneta” mantienen una lista en la que me encuentro y otros miembros de la sección de sucesos del diario La Verdad, por la publicación de reportes por hechos que ocurren al margen de la ley dentro del penal, y su presunta vinculación con sectores de mafia que operan en la entidad.
Faría manifestó al órgano judicial: “Todas amenazas antes detalladas y que me hacen temer que pueda ocurrir contra mi seguridad así como la de mi familia es lo que me hace acudir a esta Fiscalía Superior a los fines de que se investiguen los hechos”.
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Lea la versión en inglés
Zulia: Reporter denounced threats at the attorney general´s office received by him while doing his work as a journalist
On July 17, 2013, Juan José Faría, events reporter of La Verdad, a private local newspaper, filed a complaint at the Attorney General´s office in Maracaibo, Zulia state, on the repeated threats he has received while doing his work, since January 2013.
Juan José Faría, who is also a correspondent for IPYS Venezuela in that state, informed the office of the government attorney about the recurrent threats -that are criminally sanctioned by law- received by him from state security corps, as well as threats against his personal integrity by alleged members of organized crime gangs operating in the region, with links to para-state groups inside the region´s penitentiary centers.
IPYS Venezuela accompanied Juan José Faría when he went to the attorney general´s office to denounce these incidents, which arose as a result of investigations and news follow-up he has conducted on irregularities at the region´s penitentiary centers.
Faría denounced at the office of the government attorney that this situation puts his life and integrity, as well as that of his family, in danger. He also stated that this situation has limited his work as a journalist.
Among the events endured by Faría, he highlighted that in January 2013, he was subpoenaed to be questioned by the Scientific, Penal and Criminalistic Investigations Corps (CICPC), where ¨this police intelligence agency threatened me with starting a legal process against me for allegedly instigating crime, associating with criminals and generating gloom and doom after covering certain events in Maracaibo. (http://ipys.org.ve/alerta?id=3291&y=2013&m=01)
Later on, in April, during another watershed moment, the former director of Maracaibo´s El Marite police jail, threatened the reporter with filing a lawsuit against him at the region´s courts. ¨He also tried to intimidate me by telling me that he would take actions against my family¨ the reporter denounced. This incident later prompted the reporter to publish several notes on a conflict at the jail of that locality (http://ipys.org.ve/alerta?id=3357&y=2013&m=04).
In yet another circumstance, on April 15 Faría and two fellow workers at the La Verdad newspaper were arbitrarily arrested for 12 hours, when they were covering a ¨cacerolazo¨ -a citizen´s peaceful manifestation consisting in making noise by banging kitchen pots and pans- in a slum in Maracaibo, in rejection of the results of the April 14 presidential elections. At the time of the arrest, a National Bolivarian guard alleged that the crew was a bunch of “destabilizing elements” who could not be allowed to walk the streets because the nation was in the throes of a “coup”. They were set free the very next day, after a hearing at the regional courts (http://ipys.org.ve/alerta?id=3400&y=2013&m=04)
In the course of June, minister Iris Varela asked the office of the government attorney to start a criminal investigation against the journalists of La Verdad, after the events section published a paper stating that the Sabaneta jail did in effect have pranes – leaders within the penitentiary community who erect themselves as para-state powers -, sketching a profile of the inmates with the most power and who lord it over the jails, and the alleged link of these personalities to state security corps officers, with the intent and purposes of carrying out corruption schemes. (http://ipys.org.ve/alerta?id=3513&y=2013&m=06).
Simultaneously to these accusations, a military man allegedly implicated in the irregularities in the jails (as per the investigations conducted by La Verdad), came to the media´s headquarters where the journalist works and insisted that the reporters disclose their sources. The journalist presumes that this man´s visit can be deemed as suspicious, since it could have the hidden intention of scoping out the work dynamics at the newspaper.
“The day the La Verdad published this information, an alleged jail leader called the newspaper, and by chance I answered the phone. This citizen insisted that the information sources on the supposed irregularities at the jail be revealed, and issued a threat of causing harm to the media if it continued to publish these news” the reporter denounced.
Juan José Faría denounced that the most recent threat occurred in June, when he learned from close sources that para-state groups at the National Jail in Maracaibo (known as the “Sabaneta jail”), ¨keep a list with my name on it and that of other members of the events section of La Verdad, due to the publication of reports on events occurring at the fringes of the law inside the penitentiary center, and its alleged link to mafia groups operating in that state¨.
Faría told the legal entity: “All these aforementioned threats, which cause me to fear for my personal security and that of my family, is what prompted me to come to the Attorney General´s office for the purposes of requesting that these events be investigated”.
Label: threat, intimidation, amplification
