El 15 de mayo de 2016, el diario regional Nueva Prensa de Guayana dejará de circular, según anunció en twitter el periodista Elias Rivas, integrante del sindicato de ese rotativo con sede en el estado Bolívar, al sur del país.

El 11 de mayo de 2016, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, limitaron la cobertura de asuntos de interés público a reporteros de dos medios impresos, Correo del Caroní y Primicia, en Ciudad Bolívar, cuando los periodistas, luego de cubrir la marcha opositora hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la entidad, se disponían a registrar la entrega del documento a sus autoridades para exigir respuesta sobre el referendo revocatorio.

El 1 de mayo de 2016, un equipo reporteril del Diario Primicia, con sede en el estado Bolívar, conformado por el periodista, Favio Abate, y el reportero gráfico, Jesús Abinazar, fueron abordados por un grupo de trabajadores informales a las afueras del mercado de Chirica, ubicado en Ciudad Guayana, estado Bolívar. El hecho ocurrió cuando los reporteros se encontraban haciendo un trabajo periodístico en el lugar.

El miércoles 16 de marzo de 2016, el periodista Germán Dam y la periodista Pableysa Ostos recibieron una llamada telefónica en la que se les advirtió que los estaban buscando en el pueblo de Tumeremo, al noreste del estado Bolívar, donde los reporteros cubrían el entierro de los mineros masacrados.

El 9 de marzo de 2016, un grupo de periodistas y camarógrafos representantes de los diarios El País, El Confidencial, NTN24, Radio Fe y Alegría, Efecto Cocuyo y Diario 2001 fueron amedrentados por oficiales del ejército que estaban en un sector aledaño a la finca Atena en Tumeremo, al nororiente del estado Bolívar, según relató el periodista Odell López en su cuenta de Twitter. El hecho ocurrió en horas de la tarde.

IPYS Venezuela rechaza la pena impuesta al diario del estado Bolívar, el Correo del Caroní y su director David Natera Febres, condenados luego de enfrentar -por dos años y ocho meses- una demanda por difamación e injuria al informar sobre hechos de corrupción de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco -que fueron reconocidos y sancionados en su momento por el Estado venezolano-.