El 3 de octubre de 2016, Nicolás Maduro Moros, presidente de la república Bolivariana de Venezuela, calificó el reportaje publicado por el diario El Nacional como un “ataque político” y “un ataque al sistema eléctrico nacional”. En una alocución oficial, Maduro calificó de “vergüenza el trabajo elaborado por la periodista, Ana Díaz.

Los miembros del Consejo Editorial del diario El Nuevo País, Graciela Requena y Jurate Rosales, el periodista, Camilo Rey Luna, y el supervisor general, Luis Camacho, tuvieron conocimiento de una medida de prohibición de salida del país en la tarde del lunes 24 de octubre de 2016, diez días después que Eulogio del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ministro de petróleo y minería, introdujera una querella ante el Ministerio Publico en contra del periódico, luego de la publicación parcial de un informe de la agencia de noticias internacional Bloomberg. La prohibición también incluye al editor, Rafael Poleo, quien se encuentra fuera del país.

“Aquí no va a haber impunidad mediática”. “Vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”. Esta fue la amenaza que hizo William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a los medios de comunicación por la cobertura de las movilizaciones del 1 de septiembre de 2016, en Caracas, en la que los ciudadanos exigieron el derecho a la participación ciudadana, a apropósito de la convocatoria del Referendo Revocatorio.

El 8 de junio de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó a los medios digitales La Patilla y Caraota Digital no difundir en su sitio web y en sus cuentas en redes sociales videos de linchamientos, tras declararse procedente una medida cautelar, la cual se extendió a todos los medios de comunicación e información en el país.

Como profesionales de la “miseria comunicacional” fueron definidos los periodistas venezolanos y extranjeros que cumplen funciones informativas en el país para agencias internacionales de noticias, como Reuters, AFP, AP y CNN en Español. El autor de la publicación del 6 de junio de 2016 en el portal web, Misión Verdad, afirma que estos reporteros utilizan la falsa bandera de “crisis humanitaria”, con el fin de promover una intervención extranjera en el país.

El 8 de junio de 2016, Diosdado Cabello, diputado y conductor del programa televisivo “Con el mazo dando”, volvió a mencionar a Marco Antonio Ponce, activista de Derechos Humanos, quien cumple funciones para el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). A través de la sección “Los Mazazos”, Cabello mencionó información personal acerca de los vuelos de Ponce y Marino Alvarado, ex coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).