Investigación
retrata fallas ds estatales en cuidado u de salud infantil
Una serie de reportajes del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, titulada Huérfanos de la salud, demostró, en alianza editorial con reporteros de El Pitazo, una sucesión de fallas del Estado en aspectos básicos de la atención a la salud infantil en Venezuela. Los trabajos fueron publicados entre el 7 de mayo y el 16 de julio de 2017, y evidenciaron que las estrategias globales recomendadas por la ONU para reducir los índices de mortalidad infantil están comprometidas en el país.
Falta de mantenimiento de equipos para atender neonatos, fallas en la distribución de vacunas, reducción de cupos para recuperar a desnutridos graves, ausencia de antibióticos esenciales, carencia de suministros básicos para las salas de emergencia pediátricas y parálisis de las instituciones destinadas a proteger los derechos infantiles: todos esos aspectos fueron demostrados en los trabajos que formaron parte de la serie.
La investigación periodística abordó temas que figuran entre los argumentos centrales de quienes afirman que el retroceso de la inversión pública en salud, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la escasez de medicamentos, entre otros aspectos, han provocado una emergencia humanitaria en el país, declarada por la opositora Asamblea Nacional el año pasado y negada por el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno.
La primera entrega del proyecto puso al descubierto la historia detrás de las fallas de las unidades de neonatología en Venezuela, al exponer las interrupciones que desde casi un lustro ha tenido la ejecución de un contrato de adquisición y mantenimiento de equipos neonatales en el país. Bajo el título “Nacidos bajo riesgo”, el reportaje revela que el gobierno firmó un convenio millonario con Argentina que permitió la compra de más de 12.300 equipos para unidades públicas de atención obstétrica y neonatal. Sin embargo, 70 por ciento de los aparatos (más de 8.000) quedó sin garantías de mantenimiento y reparación por parte del Ministerio de Salud desde hace cuatro años, bajo el silencio de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Bienes Públicos responsable del resguardo patrimonial.
Los datos epidemiológicos más recientes reconocen un repunte de los niños fallecidos con menos de un año, como el caso de María Milagros Prieto, quien falleció a los cuatro días de haber nacido prematura el pasado enero de 2017, debido a un paro respiratorio en un hospital donde los ventiladores neonatales, que sirven para ayudar a respirar a los niños recién nacidos, se encontraban dañados.
La revisión de documentos oficiales del ministerio, la evaluación de contratos suscritos por la República, la visita a unidades neonatales de 13 estados del país y la consulta a médicos, padres y fuentes del sector salud vinculados con la ejecución del convenio, permitió comprobar que los deterioros y averías en los equipos de las unidades neonatales como el que le faltó a la bebé de Bolívar se han repetido en hospitales públicos de distintas regiones.
Sin embargo, las causas de estas fallas se han mantenido bajo la discreción del Ministerio de Salud. Por ahora, pese a que previamente el gobierno intentó rescatar parte de los equipos, la recuperación de la totalidad de estos aparatos que garantizan la atención de recién nacidos con graves problemas de salud es incierta.
La segunda entrega de esta serie, titulada “Vacunas que no llegan”, evidencia las debilidades en la cadena logística para la preservación y distribución de dosis para inmunizar a los niños, lo que impide al Estado garantizar el suministro oportuno y regular así como la vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles.
El trabajo logra identificar uno de los elementos centrales que impiden al Estado mejorar las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y las cuales, por ejemplo, están en aproximadamente 76 por ciento para la aplicación de la tercera dosis contra la Difteria, Tétanos y Tos Ferina en niños menores de un año. La recomendaciones globales indican que el alcance debería ser cercano a 95 por ciento de esa población. La difteria, como es sabido, reapareció en Venezuela en 2016, luego de casi un cuarto de siglo sin casos en el país.
Las dificultades logísticas han sido frecuentemente señaladas en informes oficiales, y su recurrencia contradice previsiones contenidas en el Manual de Normas Técnicas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, vigente desde 2004. El documento establece no solo que 100 por ciento de los niños menores de un año deben ser inmunizados, sino que las previsiones presupuestarias para el funcionamiento de la logística son tan importantes como la compra de las vacunas, cuya distribución correcta en la geografía nacional está bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales, regionales y municipales.
La lectura de las memorias y cuentas del Ministerio de Salud entre 2002 y 2015, la visita a 17 Distritos Sanitarios y Direcciones Regionales de Salud en 11 estados, las entrevistas con 25 trabajadores del PAI y las inspecciones de puestos de vacunación y del centro nacional de distribución de productos biológicos, entre otras diligencias, permitieron identificar fallas en el transporte de las vacunas así como en sistemas de refrigeración para conservarlas. Ambos son elementos logísticos clave para garantizar la preservación y el despacho de millones de dosis de 13 tipos de vacunas para 17 enfermedades que deben alcanzar 335 municipios del país.
El impacto de estas deficiencias se ha traducido en alertas de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que el año pasado envió reportes al Ministerio de Salud y a la Defensoría del Pueblo en los que advertía sobre las fallas en la disponibilidad de distintas dosis obligatorias para la inmunización y sobre los efectos que ello tendría en los derechos de miles de niños, como Johangelys Ochoa Rauseo, quien falleció a sus dos años de edad en octubre de 2016 por difteria, una enfermedad altamente contagiosa, considerada una amenaza para la población infantil.
La tercera entrega de la investigación periodística, titulada “Hambre de auxilio”, demostró que en Venezuela los niños desnutridos no solo padecen las dificultades en el acceso a alimentos sino también a la atención oportuna y eficiente en los centros públicos nutricionales del país. La red pública diseñada hace una década por el Estado para atender la salud de niños con desnutrición grave, hoy conformada por 19 Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN) bajo la coordinación del Instituto Nacional de Nutrición, enfrenta el repunte de la desnutrición infantil en el país con una oferta de infraestructura y recursos insuficiente, debido a retardos en proyectos que estaban destinados a fortalecer los distintos centros.
Solo en 2017 se han conocido los casos de al menos 17 niños cuyas muertes se atribuyeron a la desnutrición, y se han ventilado datos que indican que dos de cada diez pacientes menores de un año presentan desnutrición grave en las salas de emergencia del país. El principal servicio público especializado en recuperación nutricional, y al que deben ser remitidos los niños una vez que hayan sido estabilizados en las urgencias de los hospitales, es el Centro de Especialidades Nutricionales Hipólita Bolívar. Su función es hospitalizar a los bebés y niños con desnutrición grave que aún requieren apoyo prolongado para lograr una rehabilitación total. No obstante, la institución, ubicada en el sector El Cementerio de Caracas, se encuentra en remodelación y su plazo de conclusión, pese a que inició el año pasado, aún es incierto. De momento, solo ofrece atención ambulatoria y la asignación de cupos temporales en hospitales. Las secuelas de estas limitaciones las vivió Giobely Nieto, quien a sus cuatro meses tuvo que ser trasladada este año por su mamá hasta cinco por centros de salud entre el estado Miranda y la ciudad de Caracas en busca del tratamiento adecuado al cuadro de diarrea y desnutrición que puso su vida en peligro.
El cuarto capítulo del proyecto, titulado “Un antibiótico ausente”, supuso un seguimiento de diez semanas en 271 farmacias de Venezuela que reveló que las presentaciones pediátricas de la penicilina, medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud y el Estado, apenas están disponibles.
La escasez de este antibiótico empleado para el tratamiento básico de enfermedades comunes contrasta con el marco de obligatorio cumplimiento publicado por el Ministerio de Salud el 29 de octubre de 2015 respecto a qué medicinas deben existir en los establecimientos de la red pública; también con las promesas estatales de fortalecimiento del sector farmacéutico nacional y con las decisiones de tribunales venezolanos de rechazar, por falta de pruebas, medidas especiales para resguardar el abastecimiento de medicamentos pediátricos.
La evaluación de 29 presentaciones de antibióticos pediátricos derivados de la penicilina durante dos meses y medio –entre el 6 de febrero y el 14 de abril de 2017– comprobó la poca disponibilidad durante ese tiempo, con un promedio de 96 por ciento de escasez, lo que evidencia las limitaciones que padecen los venezolanos en el manejo de enfermedades infantiles. Los medicamentos fueron buscados en sus versiones genéricas y por marcas según las listas del reporte de Especialidades Farmacéuticas Registradas, publicado por el Ministerio de Salud en diciembre de 2015, y la base de datos Especialidades Farmacéuticas Aprobadas en Venezuela, del Instituto Nacional de Higiene. El examen de los inventarios que deben estar disponibles para la población se basó en los datos de los buscadores de Internet de tres de las principales cadenas farmacéuticas nacionales: Fundafarmacia, Farmatodo y Locatel.
Algunos de los antibióticos presentaron intermitencia entre escasez absoluta y periodos de repentina disponibilidad nacional y otros nunca aparecieron o solo estuvieron a la venta en no más de cuatro farmacias, como fue el caso de la ampicilina, que sirve para infecciones respiratorias y gastrointestinales recurrentes en niños menores de cinco años. Este medicamento, como también la amoxicilina con ácido clavulánico, la bencilpenicilina benzatina y la bencilpenicilina procaína, encabezan la lista de fármacos necesarios para la atención de niños, según el Manual de Antibióticos en Pediatría publicado en 2007 por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y otros protocolos de países de la región.
El desabastecimiento de estos productos, por ejemplo, no favorece las posibilidades de Venezuela ante los planes más recientes de la OMS destinados a enfrentar un problema global creciente: la resistencia bacteriana del cuerpo humano por uso indebido de los antibióticos. La última actualización, de principios de junio, de la Lista de Medicamentos Esenciales Pediátricos añade recomendaciones según las cuales los medicamentos penicilínicos deben permanecer accesibles a la población para ser utilizados como primera línea frente a enfermedades básicas, mientras otros antibióticos deben reservarse para los casos más graves. La escasez de derivados de penicilina ha afectado a niños como el hijo de dos años de María Alvarado. El pequeño sufría de una infección en la garganta y su madre buscaba la amoxicilina que le habían recetado, pero que no había hallado en farmacias privadas en junio pasado. Ella procuraba encontrarla, aunque sin suerte, en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas del Ministerio de Salud en Caracas. Casos como esos suelen derivar en hospitalizaciones de urgencia ante la dificultad de aplicar tratamientos ambulatorios.
El quinto reportaje de la investigación, titulado “Sobrevivir a la emergencia”, examina un total de 22 salas de urgencias de los mayores centros públicos del país, en las que se conversó no solo con médicos y personal de las instituciones, sino con 43 padres y familiares de niños enfermos que describieron las emergencias vividas por sus pequeños. Facturas, récipes e informes médicos de solicitudes relacionadas con productos que no estaban disponibles en los centros estatales, confirmaron que los papás y las mamás dependen de sus bolsillos, de la caridad de terceros o de la suerte en un panorama de escasez general para gestionar lo que sin embargo las leyes establecen para sus hijos en las salas de urgencias oficiales: una atención integral y gratuita.
Las visitas a 14 salas del interior y 8 de Caracas, dependientes del Ministerio de Salud o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, permitieron constatar que la capacidad de resolución de casos en estos servicios está obstaculizada, lo que impide frecuentemente que los especialistas logren observar y estabilizar a un niño en menos de 24 horas, como lo indica el Reglamento de Emergencia y Medicina Crítica vigente.
Fármacos broncodilatadores, antibióticos básicos, analgésicos de primera línea o sales de rehidratación oral recetados para problemas respiratorios, infecciones, traumatismos y cuadros diarreicos que constituyen las primeras causas de morbilidad atendidas en las unidades de emergencia de la red hospitalaria del Estado, no se encuentran disponibles de forma oportuna y regular en las salas para curar las dolencias agudas de los niños. Estas carencias no solo alejan las emergencias del cumplimiento de las regulaciones nacionales, sino de las recomendaciones de organizaciones globales como la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, que establece como norma básica que para el correcto cuidado de los infantes en ese tipo de servicio debe existir una provisión suficiente e ininterrumpida de medicinas e insumos las 24 horas del día y un arsenal de equipos en funcionamiento permanente.
Yosef, de cuatro años, quien estaba recluido en la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal en Táchira, necesitaba de antiinflamatorio en ampollas para aliviar las dolencias que le dejaron unas quemaduras que sufrió. Para Jesús, de 11 meses de nacido, no se encontraba un antibiótico en la sala de urgencia del Hospital Universitario de Maracaibo en Zulia. A Victoria, de tres años de edad, ni siquiera se le podía administrar un medicamento para controlar su fiebre porque no había inyectadoras en el departamento de casos urgentes del Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná en Sucre. Ellos, como otros niños de Venezuela, han sufrido por las fallas de una red pública de emergencias pediátricas con limitaciones en la disponibilidad de insumos, equipos y servicios auxiliares básicos que dificultan a diario la atención oportuna de los pequeños y la posibilidad de garantizarles el derecho a la salud.
El sexto y último reportaje de este proyecto se titula “Enfermos de injusticia” y ofrece el resultado de una revisión de 46 expedientes judiciales y reportes de organismos nacionales e internacionales que permitió confirmar que la justicia venezolana ha reducido su disposición para decidir con celeridad y de manera favorable ante casos relacionados con los derechos colectivos de la niñez en el área de la salud.
La investigación expone que instituciones con competencias para la protección de la infancia no solo presentan debilidades y limitaciones sino que en ocasiones actúan en contra de normativas y garantías de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y de la lógica de la progresividad de los derechos infantiles. Los jueces Iván Cedeño y Oswaldo Tenorio rechazaron la petición de obligar al Ministerio de Salud a ejecutar un plan especial de suministro de medicamentos esenciales para los niños del país.
Los representantes de Cecodap, organización civil de defensa de los derechos de los niños, habían argumentado ante los tribunales la necesidad de acciones urgentes por parte del gobierno para proteger a la población infantil, la cual ha resultado especialmente afectada en un contexto en el cual 90 por ciento de los fármacos escasean, según calculan fabricantes y distribuidores.
Carlos Trapani, abogado de Cecodap presentó una petición de “medida preventiva anticipada”, recurso de la legislación sobre infancia que permite a los jueces ordenar acciones expeditas para resguardar los intereses superiores de los niños sin necesidad de mayores evidencias disponibles. El abogado había consignado un escrito en el que documentó los casos de 21 pequeños que resultaron gravemente afectados por la escasez de medicinas. Su alegato además se basó en el contenido del Decreto de Emergencia Económica que dictó el presidente Nicolás Maduro el 15 de enero de 2016 y que liberaba al gobierno de cualquier atadura para ejecutar medidas en favor del bienestar de la población. Trapani ha insistido ante instancias judiciales superiores sin hallar mayor respaldo Las negativas y dilaciones de los tribunales frente al recurso intentado por la organización civil no son excepcionales y representan para él un ejemplo del retroceso vivido en el país con respecto a decisiones judiciales que adoptó el Estado para proteger el derecho a la salud de los niños en las dos décadas precedentes.
Mientras los jueces evaden enfrentarse al Ministerio de Salud y al gobierno, continúa el repunte de la mortalidad infantil en Venezuela. Solo en 2016 murieron 11.466 bebés menores de un año, 30 por ciento más que el año anterior según datos oficiales.
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